Actualizado 10/01/2012 19:01

Colombia.- El Gobierno aclara que no negociará con las bandas criminales y descarta otorgarles beneficios legales


BOGOTÁ, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Juan Manuel Santos no negociará con los líderes de las bandas criminales --conocidas como 'bacrim'-- ni tampoco creará un marco jurídico especial para otorgar beneficios a los miembros que se desmovilicen, ha advertido el ministro colombiano del Interior, Germán Vargas Lleras.

"El Gobierno no ha negociado y no negociará con esas organizaciones, y no fomentará la aprobación de ninguna legislación en lo que concierne a la aplicación de las leyes para esas organizaciones", ha dicho Vargas Lleras en declaraciones al diario local 'El Tiempo'.

Las 'bacrim' se han convertido en la principal amenaza a la seguridad en Colombia lo que ha obligado a las fuerzas de seguridad a reforzar sus operativos en las ciudades para detener a sus líderes, la mayoría de ellos exmiembros de los grupos paramilitares que se desmovilizaron durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), aunque esta realidad no ha sido del todo aceptada por las autoridades.

"Son rezagos de las anteriores organizaciones, por supuesto. Tienen comportamientos y procederes similares", ha dicho Vargas Lleras, sin precisar más detalles, al ser consultado sobre el origen de estos grupos.

Ahora, estas organizaciones criminales intentan obstaculizar el proceso de indemnización de las víctimas del conflicto armado colombiano que ha puesto en marcha Santos con la entrega de miles de hectáreas de tierra que le fueron arrebatadas a los campesinos.

Bandas como Los Urabeños han obligado a los comerciantes de departamentos del norte de Colombia a sumarse a un "paro armado" en rechazo a los operativos policiales. Según Vargas Lleras, el verdadero objetivo es detener las indemnizaciones porque la restitución de las tierras a los campesinos "afectará" los intereses de las 'bacrim'.

Algunas de las zonas donde entregarán las tierras "coinciden con rutas de narcotráfico, laboratorios, sitios de paso y áreas estratégicas de control territorial", ha revelado el ministro. "La propiedad de las tierras es suficiente interés para procurar intimidar a quienes vayan a ser sus futuros beneficiarios", ha aseverado.

A pesar de este panorama, el Gobierno ha dejado la puerta abierta para que se entreguen, pero no ha creado una legislación especial --como lo hizo con los paramilitares-- con beneficios especiales, pues considera que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal son el marco ideal para llevar a cabo ese proceso.

"No se necesitan normas adicionales porque frente a esas organizaciones el Gobierno ha sostenido, y sostiene, que no habrá negociación" porque "no les reconoce estatutos político a esas organizaciones", ha reiterado.