BOGOTÁ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano aseguró ayer que detrás de las protestas y movilizaciones sociales, habría interés de desestabilizar la adminsitración del presidente colombiano Álvaro Uribe, más allá del inconformismo por los temas salariales.
El ministro de Protección Social colombiano, Diego Palacio, explicó que no es coincidencia que las manifestaciones tengan lugar en octubre porque "se han venido encontrando indicios claros y suficientes que permiten mostrar que más allá de la inconformidad, hay un interés que busca desestabilizar, confrontar y hacer oposición al Gobierno Nacional".
El director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, dijo que hay material que indica que detrás de la protesta de los indígenas está la cuadrilla sexta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó la emisora colombia Caracol Radio.
"Ese material documental, fílmico y de audio está siendo en este momento procesado para ponerlo al servicio del poder judicial e iniciar tareas de judicialización que nos permitan depurar responsabilidades individuales en la comisión de hechos punibles", explicó Naranjo.
"Ha sido evidente para la opinión pública la participación de distintas figuras políticas y la intervención directamente en estos movimientos", afirmó por su parte Palacio, quien manifestó la preocupación del Gobierno de que todos los movimientos coincidan con una oposición al TLC con Estados Unidos.
Asimismo, el funcionario colombiano señaló que le pedirá a la Procuraduría que adelante investigaciones para establecer si "algunos de los actores políticos que han estado directamente vinculados a algunos de estos movimientos han trasgredido las reglas disciplinarias".
La directora del DAS, María del Pilar Hurtado, aseguró que en los últimos días fueron expulsados dos ciudadanos franceses y una alemana que llegaron al país de turismo y luego fueron encontrados apoyando la protesta de los corteros de caña.
Según indicó la Policía Nacional, la Fiscalía ya emitió seis órdenes de captura contra ciudadanos "que han estimulado, concertado, que han constreñido a los corteros" y que según las investigaciones, "han incurrido en la comisión de delito".
RECOMPENSAS
A su vez Palacio informó de que el Gobierno rechaza "la utilización de mujeres y niños para tratar de complicar estas expresiones de protesta social". "Amparado en el derecho a la protesta no se deben desarrollar, ni propiciar, ni facilitar acciones que están por fuera de la Ley", agregó Palacio.
El Gobierno colombiano también pidió a las entidades internacionales que se pronuncian sobre los Derechos Humanos en Colombia que verifiquen los hechos antes de acusar. En referencia a un informe presentado ayer por la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) que acusa al Gobierno del presidente Álvaro Uribe de obstaculizar las investigaciones y los procesos judiciales sobre delitos cometidos por los paramilitares en Colombia.
El general Óscar Naranjo anunció que se lanzará una campaña de recompensas en el occidente del país para dar con el paradero de 30 miembros de las FARC que han "estado vinculados con esa zona de Corinto", que es donde opera el sexto frente de dicha guerrilla colombiana.