BOGOTÁ, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El gobierno colombiano ha confirmado hoy que destruirá más de 18.000 armas y 2,7 millones de balas que entregaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocidos como los 'paras'. Sólo se conservarán los registros de cada arma cotejables para que las investigaciones de los crímenes que se les achacan continúen.
El material de guerra entregado por los 'paras' quedó bajo custodia de los batallones de las regiones donde hubo desarmes. Cada disparo es una huella digital en las investigaciones judiciales. Parte del arsenal está a punto de cumplir tres años en los almacenes de los batallones del país donde fueron guardadas tras las desmovilizaciones del grupo armado.
Según recogen distintos medios de comunicación del país esta es una decisión polémica puesto que varias organizaciones de víctimas y ONG's, como la neoyorkina 'Human Rights Watch', consideran que esta decisión podría afectar el curso de las investigaciones por los crímenes de las autodefensas.
Sin embargo, la Misión de Verificación de la OEA y la Comisión Nacional de Reparación insisten en la urgente necesidad de eliminar el arsenal 'para' por seguridad. Algunos militares pensaban que parte del material podría ser aprovechado para las tropas.
"Hasta ahora no hay reporte de problemas, pero la experiencia indica que en todos los países siempre hay pérdidas 'gota a gota' de esos arsenales. Lo mejor es fundirlos", dijo Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación.
La Casa de Nariño prepara un decreto que ordena la destrucción y deroga normas que obligan a que algunas armas ilegales en buen estado sean entregadas a las Fuerzas Militares. Es habitual que las pistolas y revólveres incautados se vendan a civiles.
La Fiscalía, el DAS y la Policía están analizando estos arsenales y sus resultados podrían ser llevados a los tribunales para las investigaciones contra los 'paras' que serán juzgados por Justicia y Paz. Las primeras armas eliminadas serán las que se entregaron en Córdoba.
En las desmovilizaciones no se hizo una relación arma-hombre. Por eso, los datos de los peritos técnicos no serán utilizados en los juicios individuales, pero sí que podrían comprometer a los grupos. La Corte Constitucional ha ordenado que para reparar a las víctimas los miembros de cada bloque y frente 'para' responderán solidariamente.
Según confirma el diario El Tiempo, una vez que la Fiscalía reúna todos los datos, van a eliminarlas todas, "salvo algunas pocas que podrían ser llevadas a un museo del desarme, promovido por el Alto Comisionado para la Paz, y para un monumento en memoria de las víctimas".
La destrucción se realizará en ceremonias públicas verificadas por la Organización de Estados Americanos, porque se trata de una etapa que, en otros países, ha dado lugar a episodios de 'fuga' del material que debía eliminarse. Podrían estar en riesgo de entrar en el mercado negro por lo cual el gobierno y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) han promovido la destrucción del arsenal, explicó Pizarro, quien además anunció que en estas ceremonias públicas estarán presentes familiares de las víctimas de los grupos paramilitares
Pizarro aseguró que la conservación física no es necesaria ya que las huellas balísticas de cada arma están siendo registradas en una base de datos digital que le permitirá comparar cualquier prueba que surja durante las investigaciones sobre crímenes cometidos por los paramilitares.
El armamento entregado por las AUC en el proceso de paz que pactó con el gobierno consiste en 14.003 fusiles, 2.782 pistolas y revólveres y 1.240 armas como lanzacohetes, lanzagranadas que en total sumaron 18.025 armas, mientras que el número total de combatientes desmovilizados fue de unos 31.000 paramilitares.
"Muchos de los desmovilizados eran parte de la red logística y no iban armados... (e igual) es muy posible que jefes paramilitares y mandos medios hayan conservado armas para venderlas el mercado negro", dijo Pizarro.
Las AUC aglutinaron grupos paramilitares que surgieron con el objetivo de luchar contra las guerrillas izquierdistas y que en el 2003 negoció su desmovilización con el gobierno a cambio de recibir penas máximas de ocho años de cárcel por crímenes contra la población civil.