14 de junio de 2006

Colombia.- El Gobierno y los ex paramilitares definen hoy el futuro del proceso de paz

BOGOTA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano y representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizadas intentarán llegar a un acuerdo sobre las condiciones en que quedará el proceso, tras el fallo de la Corte Constitucional, con respecto a la Ley de Justicia y Paz.

Los comandantes paramilitares señalaron que el fallo de la Corte sobre la Ley acabó con el marco legal en que se venía sustentando la negociación, pues los reduce a la condición de delincuentes comunes y pone condiciones que no se pueden cumplir, como la confesión de todos los delitos y la reparación a todas las víctimas.

El portavoz de las Autodefensas, Ernesto Báez, afirmó que muchos de los desmovilizados estarían dispuestos a volver al monte y hacerse matar, antes de cumplir penas de más de 30 años , como lo establece el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz.

Además, consideró que el proceso de paz está en estado "agónico". "La Ley de Justicia y Paz quedó cercenada de los instrumentos que hicieron posible que se le viera como un atractivo para la desmovilización de los combatientes", explicó el jefe paramilitar en declaraciones a la prensa local, recogidas por Europa Press.

El fallo del Constitucional establece que los paramilitares que entreguen las armas y opten por reinsetarse en la vida civil tendrán que pagar penas que oscilan entre los 30 y los 40 años porque la Ley de Justicia y Paz, promovida por el Gobierno de Alvaro Uribe, quedó "excesivamente rigurosa".

"Después de los esfuerzos del Alto Comisionado para la Paz, del ministro del Interior y del presidente Alvaro Uribe, no quisiéramos eso, pero estoy convencido de que en el pensamiento de muchos de nuestros excombatientes, que es preferible hacerse matar en el monte que someterse a penas de 40 años de cárcel", añadió Báez.

En este sentido, consideró qeu lograr la paz en Colombia es muy difícil cuando las decisiones de fondo tienen que ser sometidas a diferentes instancias y, en las condiciones actuales, las iniciativas de reconciliación en el país están "burocratizadas y sometidas a decisiones politiqueras".

Baez añadió que si el presidente Uribe pudiera decidir sin tener que acudir a distintos organismos, la paz se lograría en cuatro años. "Pero el gobierno piensa una cosa, Estados Unidos otra, la Corte Constitucional otra y el Congreso otra, lo que hace imposible que se avance positivamente en el camino de la paz", insistió.

"La regla general es que las penas que quedarán vigentes serán de 30 y 40 años. Esa ley es demasiado rigurosa, por ello será un acto providencial que haya siquiera un privilegiado que cumpla con los requisitos para hacerse merecedor de la pena alternativa", sentenció el jefe paramilitar.