BOGOTÁ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado este viernes el inicio del programa conjunto para erradicar los cultivos de drogas y sustituirlos por otros legales, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de paz.
Rafael Pardo, por parte del Gobierno, y 'Pastro Alape', en nombre de las FARC, han informado en una rueda de prensa de la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el que comienza así la implementación práctica de uno de los seis puntos del acuerdo de paz.
"La meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados", reza el comunicado difundido por la Casa de Nariño.
Para ello, las partes, que se corresponsabilizarán del PNIS, contarán con la participación activa de las comunidades "en la construcción y el desarrollo de los proyectos productivos para la sustitución" de dichas plantaciones.
El Gobierno comprometerá más efectivos en la lucha contra las drogas. El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, ha confirmado a Caracol Radio que el general Jorge Hernando, director de la Policía Nacional, ha destinado ya 700 agentes.
Las FARC, por su parte, "tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".
Gobierno y FARC han defendido que "la inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida", por lo que supone "el primer paso para la transformación estructural del campo".
Sin embargo, el Gabinete que preside Juan Manuel Santos ha subrayado que en ningún caso renuncia a la erradicación forzosa. "El Gobierno aspira a que esta alternativa, por su coste-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito", ha explicado.
APOYO A LOS CAMPESINOS
El Ejecutivo y la guerrilla han subrayado que el PNIS "no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos en Briceño, Antioquia".
Los campesinos que se adhieran al PNIS deben comprometerse "con la sustitución voluntaria y concertada, así como con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cuya esencia es el abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito, y de cualquier actividad relacionada".
Quienes lo hagan recibirán durante el primer año "un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario".
La cifra ascenderá a 1,8 millones de pesos "para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria" y a nueve millones de pesos "para la adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros".
"A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno invertirá por familia hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra", han indicado.
Habrá asistencia técnica durante todo el proceso, con un coste aproximado de 3,2 millones de pesos por familia. "Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades", han detallado.