BOGOTÁ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha instado este jueves a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a "dar la cara" por todas las víctimas de las minas antipersona colocadas por la guerrilla en el país iberoamericano.
"Les hemos dicho a los señores de las FARC que tienen que dar la cara por sus víctimas, reparar el daño que se ha hecho. Para eso queremos terminar el conflicto" ha dicho el jefe del equipo negociador del Gobierno en el diálogo de paz, Humberto de la Calle.
En concreto, ha considerado que los militares heridos por las minas antipersona merecen el "reconocimiento" de la sociedad colombiana. "Estas personas, hombres y mujeres, arriesgan su vida, son verdaderos héroes, por lo que nosotros debemos manifestarnos por ellos", ha instado.
"Aún si llegamos a la terminación del conflicto, el compromiso de Colombia no puede terminar con estos hombres y mujeres que se han jugado la vida por nosotros. Tenemos que acompañarlos permanentemente", ha añadido.
Por su parte, el vicepresidente, Angelino Garzón, ha pedido a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) "que dejen de usar minas antipersona inmediatamente y que digan dónde están los campos minados para salvar vidas". "Es un acto que no cuesta nada, pero manda un fuerte mensaje de solidaridad con las víctimas", ha dicho.
Además, ha considerado que "es importante decirles a los dirigentes y militantes de las FARC y del ELN que se remanguen, que enfrenten el dolor y las tragedias de miles de familias colombianas que cada día sufren las consecuencias de estos artefactos colocados irresponsablemente por ellos".
"Así firmemos la paz que tanto anhelamos, tendremos la amenaza constante de estos artefactos por lo menos 50 años más. Casos en otras partes del mundo nos muestran esa cruda realidad", ha advertido, en una carta abierta publicada por la Vicepresidencia de Colombia.
Garzón también ha urgido a la ciudadanía a "remangarse para decir: 'No más. Queremos una Colombia sin minas antipersona, un país en paz como un derecho de la población que debe ser respetado tanto por el Estado como por los integrantes de los grupos armados ilegales".
Asimismo, ha considerado necesario "decirle a las víctimas que estamos acompañándolas, que no están solas y que debemos hacer más --el Gobierno, las autoridades locales y regionales, todo el Estado colombiano-- para mejorar su vida y garantizar sus derechos".
"En Colombia, ya son más de 10.000 víctimas --más de 1.000 niños y adolescentes-- cuyas vidas han sido silenciadas por estas armas criminales y cobardes, truncando sus sueños y proyectos, debilitando el tejido social y obstaculizando el desarrollo de las comunidades", ha recordado.