BOGOTÁ, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Colombia negó hoy que haya dado instrucciones a los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --central de Inteligencia-- para que realizaran escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los candidatos que participaron en los comicios de 2006.
En un comunicado, la Presidencia colombiana aclara que no se ha reunido con algunos ex miembros del DAS para coordinar las interceptaciones ilegales que se le hicieron también a periodistas, políticos y hasta funcionarios del Gobierno, tal y como afirmó la semana pasada la cadena local RCN.
RCN reveló que el ex director de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, había dado información sobre varios letrados del Supremo al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Ante esta situación, el máximo tribunal solicitó el pasado viernes al presidente Álvaro Uribe "un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de este tipo de denuncias, así como de las garantías necesarias para que estos hechos no se repitan".
Asimismo, pidió la presencia del relator de la ONU para la Independencia Judicial para que participe en las investigaciones dirigidas a dar con los responsables de las escuchas ilegales que ha realizado la central de Inteligencia colombiana.
"La transmisión del Canal RCN produjo gravísimos daños a la integridad moral de los funcionarios calumniados y de sus familias, a la armonía entre las instituciones del Estado colombiano y a su Gobierno", señala el comunicado.
El texto del Gobierno destaca además un artículo publicado este lunes por el diario local 'El Tiempo' revela unas transcripciones de las declaraciones que Lagos y del ex jefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, hicieron ante la Fiscalía en las que aclaran que "nunca recibieron instrucciones de la Presidencia para realizar seguimientos ilegales a políticos, periodistas o magistrados".
A finales de febrero estalló un escándalo dentro del DAS después de que la revista colombiana Semana denunciara que algunos investigadores de la central de Inteligencia estaban realizando interceptaciones y seguimientos a magistrados, periodistas, políticos de oposición y funcionarios del Gobierno.