El proyecto fija que el concierto para delinquir será delito político dentro de la ley a la que se someterán los 'paras' desmovilizados
BOGOTA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente Alvaro Uribe anunció el martes que el proyecto de decreto reglamentario de la polémica Ley de Justicia y Paz, norma que sustenta el proceso de desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), será sometida "a discusión nacional" para enriquecer con el debate el decreto final, que será expedido en los próximos días.
Los proyectos de decreto de ley de Justicia y Paz están publicados en la página de la presidencia de la República de Colombia para que los colombianos hagan sugerencias sobre los mismos.
El Ejecutivo colombiano tomó esta decisión después de que varios jefes de las AUC anunciaran que no se someterían a esta ley tras ser revisada por la Corte Constitucional, que recortó algunos de los beneficios jurídicos inicialmente pactados con los paramilitares. El rechazo a someterse a la norma obligó a Uribe a ordenar la captura de los ex jefes de las AUC para que respondieran ante los jueces.
"El Gobierno expedirá este martes un primer decreto sucinto que facilita la labor de la Fiscalía, definiendo el procedimiento para que los paramilitares ratifiquen su decisión de someterse a la ley y rindan versiones libres", dijo hoy el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien añadió que el resto del decreto reglamentario se expondrá a la opinión pública para su "discusión nacional".
Restrepo informó de que el proyecto de decreto reglamentario de la ley 782 o de orden público, fija que el concierto para delinquir será considerado un delito político dentro de la ley a la que se acogen los paramilitares desmovilizados, quienes podrán ser requeridos posteriormente por un crimen no indultable.
CASI 3.000 CANDIDATOS
Señaló también que el proyecto mantienen las penas de cinco a ocho años para cualquiera de los demitos cometidos por paramilitares y que los ex miembros de las AUC deberán reparar a las víctimas con los bienes ilícitos y si es necesario, con los legalmente adquiridos. Además, plantea la alternativa que permite validar el tiempo de permanencia en las zonas de ubicación como parte de la condena.
El comisionado dijo que el Gobierno presentó a la Fiscalía una lista de 2.695 personas que se quieren acoger a la Ley de Justicia y Paz, entre estos desmovilizados hay 16 requeridos por Estados Unidos y ocho que están cumpliendo condena en prisión.
De estos 2.695 integrantes de las AUC que se desmovilizaron en el marco de un proceso de paz iniciado en 2003 y que concluyó en abril pasado, unos 604 deberán responder por delitos de lesa humanidad.
Restrepo aclaró que hasta el momento, a Salvatore Mancuso; Diego Murillo, alias 'Don Berna'; Juan Carlos Sierra y Vengoechea, se les suspendió la orden de extradición por ser miembros representantes en la negociación de las AUC con el Gobierno. Sin embargo, advirtió de que, si incumplen los requisitos de la ley, serán entregados a las autoridades norteamericanas.