4 de enero de 2006

Colombia.- El Gobierno de Uribe defiende el decreto de Ley de Justicia y Paz ante la crítica de varios sectores

Alertan de que la decisión abrirá una nueva puerta de impunidad en el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia

BOGOTA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro colombiano del Interior, Sabas Pretelt, defendió hoy el decreto de Ley de Justicia y Paz que beneficia a testaferros de los paramilitares, al asegurar que el Congreso debatió ampliamente el tema de la devolución de bienes y que la misma Ley remitió al Gobierno el poder de reglamentarla usando el Código de Procedimiento Penal y, en consecuencia, el principio de oportunidad.

"Claro que el tema fue discutido. Uno de los temas más debatidos, amplísimamente, fue la reparación a las víctimas y la devolución de bienes. El decreto (reglamentario) tenía que incentivar esa devolución", sostuvo el ministro en declaraciones a la emisora local 'La W Radio'.

Sin embargo, el argumento del Gabinete de Uribe no convence en varios sectores. De hecho, el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aseguró ayer que la decisión abrirá una nueva puerta de impunidad en el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indicó hoy el diario colombiano 'El Tiempo'.

"El decreto reglamentario agrega un elemento bastante perturbador, al ser el Fiscal General el que aplique el principio de oportunidad, lo que beneficia indudablemente a los testaferros; esa actitud de la norma añade algo que no estaba previsto en la ley aprobada por el Congreso", indicó Hernández.

MAL ELABORADO

Su posición coincide con la del también ex presidente de la Corte y hoy precandidato presidencial Carlos Gaviria, quien aseguró que el decreto reglamentario no estuvo bien elaborado.

"Mi primera impresión es que esa reglamentación es inconstitucional. Me parece que el asunto del principio de oportunidad es de reserva legal. El reglamento no puede exceder la ley, porque si lo hace viola la Constitución", enfatizó.

Según Gaviria, por tratarse de un acto administrativo, sería el Consejo de Estado y no la Corte Constitucional el organismo llamado a conocer las demandas contra el decreto con el que el Gobierno espera impulsar, de una vez por todas, la entrega de bienes de los 'paras' al Fondo de Reparación a las Víctimas.

Por su parte, el senador Héctor Héctor Helí Rojas, también crítico al Gobierno, por considerar que el Ejecutivo no podía tomar una decisión semejante y sugirió que se convoque al Congreso a sesiones extras para que analice el tema.

A la polémica surgida por el decreto se suman las ocho demandas que enfrenta la Ley de Justicia y Paz y que están en manos de la Corte Constitucional, que comenzará su estudio en las próximas semanas.