BOGOTÁ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades colombianas han encontrado los restos mortales de tres personas que desaparecieron durante la toma del Palacio de Justicia, 30 años después de este oscuro capítulo de la historia del país iberoamericano que aún sigue sin cerrar.
Se trata de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela, tres trabajadoras de la limpieza del Palacio de Justicia que han sido localizadas en distintos cementerios de Bogotá e identificadas por Medicina Legal, según han informado las familias.
Tras este hallazgo, solo quedan ocho desaparecidos, entre ellos cinco presuntos miembros de la extinta guerrilla del M-19, aunque durante estos años se han reabierto varios casos para confirmar identidades de víctimas que en su momento se dieron por buenas.
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.
En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y ahora ha pasado a ocho.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.
CONDENA A COLOMBIA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el año pasado al Estado colombiano por su responsabilidad en las numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia.
En concreto, condenó a Colombia por "las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos visitantes y de una guerrillera del M-19", así como por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
También apuntó a "las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19".
Además, señaló a "la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y al incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo en el que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por el Estado".