BOGOTÁ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al Gobierno del presidente Álvaro Uribe en un informe presentado hoy de obstaculizar las investigaciones y los procesos judiciales sobre delitos cometidos por los paramilitares en Colombia.
El informe constata que las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de las mafias paramilitares, pero critica medidas y acciones del Gobierno que, asegura, atentan gravemente contra la continuidad de dichos avances.
"Las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados", señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Sin embargo, el gobierno de Uribe continúa tomando acciones y medidas que podrían sabotear estas investigaciones", criticó.
Los paramilitares colombianos han cometido delitos de lesa humanidad y otras atrocidades, entre las cuales se cuentan miles de asesinatos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de civiles. Han acumulado un inmenso patrimonio y una fuerte influencia, en parte a través de alianzas mafiosas con miembros de las fuerzas militares, políticos y sectores empresariales.
Según HRW, en los dos últimos años, la Corte Suprema de Colombia ha logrado avances sin precedentes en la investigación de las denuncias de colaboración de los miembros del Congreso colombiano con los paramilitares. En este sentido, recuerda que más de 60 congresistas, casi todos ellos pertenecientes a la coalición de Uribe, están siendo investigados.
Asimismo, dice que en confesiones ante fiscales, los jefes paramilitares han comenzado a revelar información sobre algunas de las atrocidades que cometieron y a nombrar a sus cómplices en la esfera política y dentro de las fuerzas militares.
El informe sostiene que los avances logrados son el resultado de una combinación de factores, entre los que menciona: la sentencia de la Corte Constitucional que mejoró significativamente la Ley de Justicia y Paz de Colombia, al generar incentivos para que los jefes paramilitares revelen los delitos que cometieron; la independencia y el valor de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y fiscales, que han impulsado las investigaciones sobre la infiltración paramilitar en el sistema político; y la presión internacional.
Respecto a este último factor, la organización se refiere en particular al efecto de la postergación de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que en su opinión ha logrado impedir en ocasiones que el Gobierno intentara liberar de toda responsabilidad a los cómplices de los paramilitares.
Sin embargo, HRW acusa al Gobierno de Uribe de atacar a la Corte Suprema y a sus miembros con acusaciones infundadas en algunos casos; de intentar retirar de las competencias de la Corte Suprema las investigaciones sobre la denominada "parapolítica", mediante reformas constitucionales; y de obstaculizar las iniciativas dirigidas a poner fin a la influencia paramilitar en esa institución.
La organización critica también que la extradición a Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de Derechos Humanos, ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia.
A este respecto, defendió las extradiciones en tanto puedan quebrantar las cadenas de mando de los grupos paramilitares e incrementar la posibilidad de que sus jefes cumplan largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico, pero advirtió de que podrían significar un golpe fatal para el juzgamiento de atrocidades en Colombia.
Human Rights Watch señaló que, ahora más que nunca, la presión internacional que se ejerza sobre Colombia es crucial para asegurar que la Corte Suprema colombiana y otras instituciones de justicia puedan continuar su tarea sin obstáculos.
"Sin el suficiente apoyo y presión de la comunidad internacional, podrían desperdiciarse fácilmente los enormes esfuerzos de la Corte Suprema y fiscales de Colombia por juzgar a los cómplices de los paramilitares", afirmó Vivanco.
Además, Vivanco dijo que muchos de los crímenes cometidos por los paramilitares podrían pasar a ser competencia de la Corte Penal Internacional, y que los cómplices de los paramilitares podrían ser investigados por ese tribunal si las autoridades colombianas no aseguran justicia en esos casos.
"El gobierno de Uribe y las instituciones de justicia de Colombia tienen ahora la responsabilidad de garantizar que tanto los paramilitares como sus cómplices rindan cuentas y sean juzgados por sus delitos", agregó Vivanco.