16 de octubre de 2012

HRW dice que para que haya una paz duradera se debe garantizar el derecho de las víctimas a la justicia

La ONG rechaza que se dé inmunidad a los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante el conflicto

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha advertido este martes de que para que en Colombia haya una paz duradera tras el diálogo que se disponen a entablar el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es necesario que se garantice "el derecho de las víctimas a la justicia".

La ONG recuerda en un comunicado que el conflicto armado interno que existe en Colombia desde hace medio siglo ha tenido "consecuencias devastadoras para la población civil" ya que "miles de personas han sido víctimas de asesinato, desaparición forzada, secuestro y actos de violencia sexual, y más de cuatro millones de colombianos han sido desplazados internamente".

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha considerado "positivas las negociaciones de paz". "¿Quién podría oponerse a iniciativas que buscan poner fin a un conflicto que ha producido tantas atrocidades y que ha cobrado tantas vidas colombianas?", se ha preguntado. Sin embargo, ha subrayado que "cualquier acuerdo que pretenda ser exitoso deberá asegurar justicia por los graves abusos cometidos".

Según HRW, sus investigaciones en las dos últimas décadas muestran que la "impunidad generalizada en casos de atrocidades ha sido un factor clave que ha permitido que continúen las violaciones de Derechos Humanos".

En este sentido, la ONG ha advertido de que un acuerdo de paz que renuncie a la justicia podría exacerbar esta impunidad de una manera irreversible y estimular nuevos abusos. Asimismo, implicaría ignorar los derechos de miles de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

RECHAZO A LA INMUNIDAD

"Hace mucho tiempo que el pueblo colombiano anhela la paz, pero ésta no tendrá carácter duradero ni tampoco será justa si el acuerdo al cual lleguen las partes está basado en conceder inmunidad por actos aberrantes", ha señalado por su parte el director para Europa de HRW, Jan Egeland.

En julio, Colombia promulgó una enmienda constitucional, el Marco Jurídico para la Paz, con el fin de reglamentar la administración de justicia en el contexto de un acuerdo de paz con las FARC. La enmienda abre la puerta a la inmunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares, y contraviene en forma manifiesta las obligaciones asumidas por Colombia conforme al derecho internacional, según HRW.

La enmienda constitucional autoriza al Congreso a limitar el procesamiento judicial por atrocidades a quienes se consideren como sus "máximos responsables", y conceder inmunidad legal a todos los demás guerrilleros, paramilitares y militares que a pesar de haber participado en la planificación, ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos no se consideran los "máximos responsables".

Asimismo, recuerda HRW, habilita al Congreso a eximir de la investigación penal casos de crímenes de guerra --cuando no hayan sido perpetrados en forma sistemática-- y graves violaciones de Derechos Humanos que no formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Para Human Rights Watch aunque Colombia tiene el derecho de asignar prioridad al enjuiciamiento de los máximos culpables de los delitos más graves, negar a las víctimas de atrocidades la posibilidad de justicia "es una solución inadmisible para el Derecho Internacional".

La enmienda constitucional también habilita al Congreso a suspender penas de prisión en forma total o aplicar sanciones no judiciales a todos los guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados en relación con atrocidades, incluidos aquellos que se consideran "máximos responsables" de los más graves delitos cometidos en Colombia.

Por consiguiente, subraya la ONG, el Congreso podría garantizar que altos comandantes de las FARC, condenados por crímenes aberrantes, no cumplan ni un solo día en la cárcel.

INVESTIGACIÓN DEL TPI

Actualmente, el Tribunal Penal Internacional (TPI) supervisa la situación en Colombia y deberá iniciar una investigación si determina que el Gobierno no está dispuesto a investigar y juzgar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, o no puede realmente hacerlo.

Exonerar a los "máximos responsables" de sus penas implicaría, en la práctica, sustraer a estas personas de su responsabilidad penal e indicaría que Colombia no tiene una voluntad genuina de que sean juzgados, ha prevenido Human Rights Watch.

"Es aceptable que Colombia ofrezca reducir las penas a miembros de grupos armados irregulares para persuadirlos de que entreguen las armas", ha opinado Vivanco.

"No obstante, un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares. Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación del Tribunal Penal Internacional", ha advertido.