BOGOTÁ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado colombiano, la más alta instancia judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, podría forzar la tramitación parlamentaria del acuerdo militar con Estados Unidos que permite la utilización de un total de siete bases por parte del Ejército norteamericano, según fuentes judiciales citadas por el diario 'El Tiempo'.
El órgano ha celebrado ya cinco reuniones internas y ha mantenido contactos con el Gobierno, a pesar de que la decisión del Consejo no es vinculante para el Ejecutivo e incluso su dictamen podría no ser hecho público por motivos de seguridad nacional.
Un grupo importante de miembros del Consejo considera que las nuevas condiciones contempladas para el tránsito de tropas y de equipo militar estadounidenses van más allá de una simple adición a los convenios y tratados que se han suscrito con ese país desde mediados del siglo pasado.
Aunque no se trata de una decisión tomada, de imperar esa tesis y en caso de que fuera aceptada, la primera consecuencia sería que los norteamericanos no podrían usar antes de fin de año el territorio colombiano para las operaciones antidroga que venían desarrollando desde Manta (Ecuador) y que terminaron en julio pasado.
En el borrador del acuerdo bilateral, se habla, entre otros puntos, de la permanencia de tropas, ubicación de aeronaves y buques en varias bases militares colombianas y de la inmunidad del personal estadounidense.
El sector de consejeros que mantiene esa tesis considera que el acuerdo excede la facultad discrecional del presidente, Álvaro Uribe, en la gestión de las relaciones exteriores. La Constitución autoriza al presidente a permitir el tránsito de tropas, equipo militar y armamento de otro país por el territorio nacional únicamente con autorización del Senado y del Consejo de Estado. En el caso de presencia permanente, el convenio debe ser aprobado en el Congreso.
Otro grupo importante de magistrados sostienen que el Gobierno sí está facultado para firmar el acuerdo y estima que los pactos militares que están vigentes con Estados Unidos jurídicamente incluyen este tipo de procedimientos.
El tratado de 1959 incluye no sólo la cooperación militar sino también ayuda económica y técnica, y sobre esa base se han suscrito adiciones claves, entre ellos los del Plan Colombia.
Uno de sus argumentos es que no habría más personal de Estados Unidos en el país, más allá de la presencia máxima de 800 militares y 400 contratistas civiles que fueron autorizados por el Plan Colombia.