BOGOTÁ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, ha explicado este miércoles que la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de denunciar el Pacto de Bogotá, por el que reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no afectará a los tratados suscritos con otros países.
En una rueda de prensa, Holguín ha explicado que "Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias, de conformidad con otros acuerdos internacionales, que de ninguna manera se verán afectados por la denuncia".
Así, ha subrayado que Colombia "considera que los tratados y no los fallos judiciales son el medios idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones", al tiempo que ha destacado que es la misma postura de otros "estados respetuosos del Derecho Internacional, pero en desacuerdo con someter asuntos que comprometen su soberanía a la decisión de tribunales internacionales".
En alusión al fallo de la CIJ, la jefa de la diplomacia colombiana ha indicado que el país iberoamericano "ha recibido con honda preocupación" la decisión judicial, ya que "contiene vacíos e inconsistencias y, a pesar de mencionar el principio de equidad, lleva a cabo una delimitación inequitativa" de la frontera marítima con Nicaragua.
Además, ha considerado que el alto tribunal "hizo caso omiso de los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales y dio la espalda a los imperativos de la gestión ambiental equilibrada en esta sensible zona del mar Caribe".
"Las líneas trazadas por la CIJ, que para el alto tribunal son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para los habitantes de dicho archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía y la vida misma", ha añadido.
La canciller ha estimado que la sentencia "debió ceñirse al Derecho Internacional y respetar la intangibilidad de los tratados, en cuanto acuerdos de voluntades válidos y vinculantes", según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
Holguín también ha apuntado que "menos de la mitad de los países del hemisferio (sur del continente americano) son miembros del Pacto de Bogotá, al cumplirse más de seis décadas de su firma, por lo que no es esta la primera denuncia que se hace del mismo".
EL FALLO DE LA CIJ
La CIJ reconoció el pasado 19 de noviembre la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que reclamaban tanto Bogotá como Managua, y amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha considerado que la decisión del alto tribunal sobre las aguas nicaragüenses es un "error" porque aísla tres cayos del territorio continental colombiano y "desconoce varios acuerdos internacionales", lo que genera "una serie de complejidades" que afectarán a varios países caribeños.
En consecuencia, este miércoles ha anunciado que Colombia abandona el Pacto de Bogotá, al tiempo que ha destacado que se trata solamente de "una de las medidas" que ha estado estudiando el equipo jurídico del Gobierno, aunque no ha adelantado otras nuevas.
Holguín ha confirmado que la denuncia del Pacto de Bogotá ya ha sido comunicada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, "en su condición de depositario del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas".
En cambio, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha calificado la decisión del alto tribunal de "victoria nacional" y, aunque ha expresado su preocupación por las palabras de Santos, ha confiado en que finalmente reconozca el fallo de la CIJ, ya que "no hay otra forma de seguir adelante".
Si no es así, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas, ya ha advertido de que el país centroamericano podría acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obligar a Colombia a cumplir la decisión judicial.