BOGOTÁ, 22 May. (Notimérica/EP) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pedirá al presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, la extradición de la exdirectora de la policía secreta colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) María del Pilar Hurtado, implicada en una investigación por espionaje a políticos de la oposición, magistrados y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
La antigua jefa del DAS se encuentra en condición de asilo en Panamá desde noviembre de 2010 --a petición del expresidente Uribe--, cuando era inminente su captura dentro del proceso penal de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de las 'chuzadas' (escuchas) de los servicios secretos, de acuerdo con la información del diario 'El Colombiano'.
Sin embargo, Varela ya anunció tras ser elegido como presidente en Panamá que si la justicia colombiana así lo solicita, el tema del asilo territorial que le concedió a Hurtado el saliente presidente Ricardo Martinelli sería "revisado".
"Creo que el tema del asilo se otorgó por la situación de ese momento. Al haber sido parte de la comisión que concedió ese asilo, creo que debe ser la Cancillería de Panamá la que se encargue de revisar el tema junto con la justicia", explicó Varela.
El mandatario colombiano ha aceptado de buen grado esta invitación y ha confirmado que pedirá la extradición de la exfuncionaria, al entender que "el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad". "Esa verdad no se puede seguir escondiendo", ha apostillado Santos.
COLOMBIA INSISTE EN LA ORDEN DE CAPTURA
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ha celebrado la predisposición del presidente electo de Panamá y añade que desde la Fiscalía se insistirá en las órdenes de captura en este caso porque "es de suma gravedad", debido a que "se trata de interceptaciones ilegales".
Hurtado, como exdirectora del DAS, está siendo procesada como persona ausente en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, según detalla el citado periódico.