16 de abril de 2010

Colombia.- Piedad Córdoba suspende su viaje a Madrid por los cargos presentados en su contra en Colombia

La congresista aclara que "nunca" ha tenido vínculos ni ha sido colaboradora de las FARC

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora Piedad Córdoba suspendió este viernes el viaje que tenía programado para la semana próxima a Madrid y Toledo porque tendrá que regresar este sábado a Bogotá para enfrentar los cargos presentados en su contra por la Procuraduría General por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Córdoba canceló esta madrugada el programa que tenía previsto desarrollar entre lunes y miércoles en Madrid y Toledo, tras haber "recibido una llamada desde Bogotá pidiéndole que se presentase en Colombia para unas diligencias relacionadas con las investigaciones", informaron a Europa Press fuentes cercanas a la organización del viaje de la congresista.

El Ministerio Público anunció este martes a Córdoba la decisión de la Procuraduría General de abrir una investigación en su contra tras hallar unos correos electrónicos suyos en el ordenador del ex 'número dos' de las FARC Raúl Reyes.

La Procuraduría considera que el contenido de estos correos electrónicos es suficiente para acusar a la presidenta de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CPP) de establecer vínculos con la guerrilla más allá de su mediación para procesos de liberación de algunos secuestrados.

Madrid era el último destino de la Gira Europea por la Paz en Colombia y por el Acuerdo Humanitario (Gira Europaz2010) que comenzó Córdoba hace unos días en busca de apoyos a la propuesta del intercambio humanitario de rehenes por guerrilleros de las FARC presos en las cárceles colombianas.

La congresista tenía previsto reunirse este martes a las 11.00 horas con el ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, informó la fuente. Para el lunes estaba confirmado un encuentro con el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.

Córdoba viajará este sábado desde París hacia Madrid donde en horas de la mañana tomará un vuelo a Bogotá. La senadora podría regresar en mayo a España para cerrar la agenda que dejó pendiente en Madrid y Toledo y extender su gira a otros países de Europa, según indicaron las fuentes.

RESPUESTA DE CÓRDOBA

Ante esta situación, que ha despertado una fuerte polémica, la senadora emitió este viernes desde París un comunicado en el que aclara que "nunca" ha tenido vínculos ni ha sido colaboradora de las FARC, rechazando las denuncias de la Justicia colombiana.

"Nunca he tenido ni tengo vínculos con grupos al margen de la ley. No he sido promotora ni colaboradora de las FARC", señala el texto de la senadora del opositor Partido Liberal.

Córdoba aseguró que ha sido "una constante defensora de los Derechos Humanos y de la solución negociada del conflicto armado que vive el país desde hace décadas, lo cual no me convierte en promotora de la lucha armada".

"Todas mis actuaciones como facilitadora de las liberaciones de secuestrados en poder de las FARC y del Acuerdo Humanitario se han llevado a cabo con acatamiento a las normas legales y con expresa autorización del Gobierno nacional", acotó.

En este sentido, recordó que hasta la fecha no se conoce "pronunciamiento alguno" del Gobierno de Álvaro Uribe que denuncie que su labor en el proceso de liberación de varios secuestrados de las FARC "haya desbordado los límites de las autorizaciones".

Unos 14 rehenes han sido liberados en los últimos dos años en operativos humanitarios coordinados por la senadora y la organización CPP, con la colaboración de los gobiernos de Venezuela y Brasil. La última misión se realizó a finales de marzo cuando las FARC entregaron a los militares Josué Daniel Calvo y Pablo Emilio Moncayo, quienes estuvieron secuestrados 11 meses y 12 años, respectivamente.

Por último, Córdoba dijo que estaba dispuesta a "acudir ante la Procuraduría a dar las explicaciones pertinentes y a aportar los medios probatorios que desvirtúen los cargos formulados", al tiempo que pide a la Justicia colombiana "ofrecer todas las garantías legales" para el ejercicio de su derecho de defensa.