15 de agosto de 2006

Colombia.- El presidente Uribe garantiza que extraditará a los paramilitares si no se atienen a la ley Justicia y Paz

BOGOTÁ, 15 Ago. (EP/AP) -

El presidente Alvaro Uribe exigió ayer a los paramilitares a acatar la ley de Justicia y Paz, creada para enjuiciar a quienes se acogieron a un proceso de paz, y dijo que en caso contrario extraditará a aquellos requeridos por la justicia internacional.

El mandatario formuló el anuncio luego de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que aglutinó a esos grupos de extrema derecha, renunciaron a dicha ley por considerar que les beneficia más someterse a la justicia ordinaria.

Uribe comunicó a los periodistas su decisión de que los desmovilizados se presenten "sin dilación" a las salas de magistrados constituidas para tramitar los casos en el marco de la ley de Justicia y Paz (LJP); además, deben concentrarse en "sitios de reclusión dignos, sobrios y austeros" mientras se establecen los centros definitivos.

La Corte Constitucional estableció que los únicos sitios para purgar penas son cárceles nacionales, eliminando una ventaja que le permitía a los paramilitares hacerlo en otros lugares.

El gobernante leyó un comunicado sin aceptar preguntas.

Afirmó que "los beneficiarios de la suspensión condicionada del envío en extradición deben acatar estas determinaciones. En caso contrario, perderán el beneficio".

El presidente ofreció crear un nuevo reglamento de la LJP o acudir "de nuevo al Congreso". Dijo que "la voluntad oficial es salvar el proceso dentro del ordenamiento jurídico".

Uno de los alicientes para que los paramilitares participaran del proceso de paz, fue la oferta de que no serían extraditados a Estados Unidos, en donde la mayoría de comandantes enfrentan procesos por narcotráfico. Más de 30.000 paramilitares depusieron las armas.

El ministro de Interior y Justicia Sabas Pretelt admitió que existe "crisis" desde que la CC suprimió beneficios a la ley que originalmente expidió el Congreso.

Declaró a radio Caracol que los paramilitares "consideran que sería mejor acogerse a la ley ordinaria que les otorgaría reducciones de pena muy similares a la ley de Justicia y Paz".

Esa ley surgió para el desmonte de paramilitares con beneficios como penas de entre 5 y 8 de cárcel por delitos de lesa humanidad. Ante los tropiezos en el proceso, Pretelt pidió "no asumir posiciones fundamentalistas".

Eduardo Carreño, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que defiende a víctimas de crímenes cometidos por paramilitares, opinó que es imperante que el gobierno haga cumplir la ley.

Dijo que el tema es confuso por "la existencia de acuerdos secretos" entre el gobierno y los paramilitares.

Entre las inconformidades que tienen los jefes paramilitares con las reformas que la CC hizo a la ley están que los obliga a recompensar a sus víctimas con todos los bienes que poseen, aún aquellos adquiridos lícitamente, y consideran imposible confesar cada crimen que perpetraron so pena de perder los beneficios si se descubre lo contrario.

Los paramilitares surgieron en los 80 apoyados por hacendados que trataban de protegerse del asedio de las guerrillas izquierdistas, que eran sus enemigos naturales, pero se desviaron para atacar a civiles y servir a narcotraficantes.