14 de enero de 2014

El procurador general quiere que Santos ratifique la destitución de Petro en un máximo de diez días

El procurador general quiere que Santos ratifique la destitución de Petro en un máximo de diez días
COLPRENSA

BOGOTÁ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha solicitado este lunes al presidente, Juan Manuel Santos, que "no dilate destitución" del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y ha recordado que hay un plazo máximo de diez días --desde la recepción de la notificación-- para cumplir con este deber.

"Esta decisión hay que cumplirla de acuerdo a los que no dice la ley", ha aseverado Ordoñez, que ha insistido en que la decisión del Ministerio Público está tomada en base a la Constitución. "He demostrado que no hay ni un solo argumento en mis decisiones diferentes a los que señala el ordenamiento jurídico", ha apostillado.

En una entrevista concedida a la emisora colombiana RCN, el procurador general ha insistido en que "la decisión de ratificar la destitución de Petro no se debe a una posición ideológica contraria entre él y el alcalde", sino que responde a cuestiones como los precedentes judiciales y los reglamentos.

En este sentido, ha defendido su papel a la hora de investigar al alcalde de Bogotá, al entender que "incumplió sus deberes de alcalde y los incumplió en materia grave". "Determinó la celebración de unos contratos con unas personas abiertamente incapaces" y "puso en riesgo la salud de los bogotanos y el medio ambiente", ha sentenciado.

DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN

El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.

El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.

La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.

Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.

En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, aclaró que será neutral.