BOGOTÁ, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha acusado al presidente, Juan Manuel Santos, de "someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno" por su intención de blindar los acuerdos de paz como "acuerdos especiales".
Los acuerdos especiales son una figura jurídica recogida en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, una especie de 'mini convenio' para los conflictos armados internos, que cuentan con escasa regulación en el Derecho Humanitario.
Este precepto obliga a las partes a tratar a las personas que no participen directamente en las hostilidades "con humanidad" y a "hacer lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones" de los Convenios de Ginebra.
"Pretenden ustedes que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel (...) e incluso por encima (...) solo por el hecho de ser convenidos por usted y 'Timochenko'", ha dicho en una carta enviada a Santos.
Ordóñez ha explicado que esto supone que lo acordado en la mesa de negociaciones "se reviste de poderes constituyentes que ni el ordenamiento jurídico ni el pueblo colombiano les ha otorgado", algo "incompatible con cualquier régimen democrático".
"Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno", ha denunciado. "¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?", ha cuestionado el jefe del Ministerio Público.
Ordóñez ha subrayado que "invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución" y, en consecuencia, en "un fraude a la voluntad popular".
Dado que como presidente juró respetar la Constitución, el procurador ha advertido a Santos de que podría haber "consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos".
Centro Democrático, el partido político del ex presidente Álvaro Uribe, ha considerado que "el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC para elevar a la categoría de acuerdo especial los acuerdos de La Habana es un golpe de Estado a la democracia colombiana".
"Con la modificación de la Constitución desde La Habana, el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las FARC", ha advertido.
Por ello, Centro Democrático ha reiterado su llamamiento "a la resistencia civil a esa imposición que desconoce el derecho de los colombianos a decidir si aprueban o rechazan que no haya cárcel para los culpables de los más graves delitos".