14 de diciembre de 2012

Santos asegura que en 2012 no ha habido "ni una sola acusación de 'falso positivo'"

BOGOTÁ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este jueves que en 2012 no se ha presentado "ni una sola acusación de 'falso positivo', como se conoce popularmente a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por policías y militares contra civiles que hacen pasar por guerrilleros caídos en combate.

"Por fortuna, hoy, en 2012, podemos decir que no hay una sola acusación de 'falsos positivos', ni una sola", ha anunciado el jefe de Estado, en el marco de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos que se ha celebrado hoy en Bogotá.

El mandatario ha considerado que los casos de 'falsos positivos' "han sido una vergüenza para el país" y, en concreto, ha confesado que el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se convirtió en un "fantasma diabólico" durante su periodo como ministro de Defensa, en el Gobierno de Álvaro Uribe.

Por ello, ha explicado que es "el primer interesado en que no haya impunidad". "Este tipo de crímenes no pueden perdonarse, tengan la absoluta seguridad de que no será así", ha sostenido, según el Sistema de Información del Gobierno (SIG).

"Nosotros, como Gobierno, vamos a estar vigilantes, porque queremos que este tristísimo episodio de los 'falsos positivos' realmente pase a la historia de Colombia", ha garantizado a los dirigentes y expertos presentes en el acto.

Santos ha realizado estas declaraciones un día después de que las familias de las víctimas de la matanza de Soacha advirtieran de que la reforma constitucional sobre el fuero militar se traducirá en impunidad para los autores de 'falsos positivos'.

La matanza de Soacha se perpetró el 29 de junio de 2002, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un barrio del suroeste de la ciudad colombiana y mató a seis jóvenes. En un principio, el suceso se atribuyó a un enfrentamiento entre bandas rivales, pero después la Fiscalía acusó a varios uniformados, que aún están siendo investigados.

NUEVO FUERO MILITAR

El pasado martes, el Congreso de Colombia aprobó la reforma constitucional sobre el fuero militar, a pesar de las numerosas críticas que ha recibido a nivel internacional porque sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad.

La norma jurídica presenta un listado de siete delitos --lesa humanidad, genocidio, ejecución extrajudicial, torturas, desaparición forzosa, desplazamiento forzoso y violencia sexual-- que recaerán en la jurisdicción civil, aunque los hayan cometido policías y militares.

El resto de ilícitos penales cometidos por los uniformados en el ejercicio de sus funciones o en el marco del conflicto armado serán instruidos y juzgados por la jurisdicción militar.

Además, crea un Tribunal de Garantías para velar por los derechos de los uniformados procesados, que estará formado por cuatro ex uniformados y otras cuatro personas elegidas por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

También crea un fondo destinado "específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública", es decir, una especie de equipo jurídico que defenderá prioritariamente a los uniformados procesados.

Asimismo, da un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar identifiquen todas las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública y determinen cuáles deben caer bajo la jurisdicción civil y cuáles bajo la militar.

La norma jurídica también abre la puerta para que, a través de una ley ordinaria, se redacte un Código Penal Policial y, en consecuencia, se creen juzgados y a tribunales penales policiales, según informa el diario colombiano 'El Tiempo'.

CRÍTICAS

El Congreso colombiano ha dado luz verde al fuero militar tras meses de debate parlamentario en los que el proyecto de reforma constitucional ha sufrido numerosos cambios, a pesar de las voces nacionales e internacionales que han clamado en su contra.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, ha advertido de que la reforma constitucional sobre el fuero militar es "incompatible" con los estándares interamericanos de Derechos Humanos.

"La competencia de los órganos de justicia militar debe ser considerada de manera excepcional y restrictiva", argumentó el presidente de la CIDH, durante la visita que realizó la semana pasada al país iberoamericano.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha solicitado al Gobierno y al Congreso colombianos que "reconsideren" su apoyo al fuero militar porque podría "dañar gravemente los esfuerzos para que las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por policías y militares sean investigadas y llevadas ante la justicia".

La organización internacional ha explicado que en virtud de la reforma constitucional los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizados por la Policía o las Fuerzas Armadas serán investigadas y juzgadas en instancias militares, "con el consiguiente riesgo de impunidad".

En concreto, ha denunciado que con el fuero militar la primera fase de cada investigación, la esencial para clarificar los hechos e identificar a los sospechosos, se desarrollará en instituciones judiciales dirigidas por militares o policías, en lugar de un órgano independiente dentro de las instituciones judiciales civiles.