BOGOTÁ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este miércoles que quiere "continuar con las negociaciones" de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de que la guerrilla confirmase que tiene en su poder al general Rubén Darío Alzate y otros militares.

   "Queremos continuar las negociaciones para terminar este absurdo conflicto, esta guerra que nos ha desangrado a todos los colombianos", ha dicho desde el municipio de Ataco, en el departamento de Tolima (centro), de acuerdo con la prensa local.

   Además, Santos ha confiado en que "este 'impasse' que se ha presentado en La Habana se resuelva pronto", pidiendo para ello la ayuda de los países garantes del diálogo de paz, Cuba y Noruega. "Necesitamos terminar este conflicto armado", ha argumentado.

   Se trata de las primeras declaraciones que ha hecho Santos desde que las FARC confirmaran que su Bloque Iván Ríos capturó al general Alzate el pasado domingo en el corregimiento de Las Mercedes, en Chocó (noroeste), junto a un cabo y una funcionaria civil.

   También han confirmado que el pasado 9 de noviembre capturaron a los soldados Paulo César Rivera Capela y Jhonatan Andrés Díaz Franco "como desenlace de la operación militar 'Napoleón'" llevada a cabo en el municipio de Tame, en Arauca (noreste).

   La guerrilla ha aclarado que estas cinco personas no son rehenes, sino "prisioneros de guerra", ya que fueron capturadas en "el teatro de operaciones", y ha expresado su voluntad de "dialogar" con el Gobierno para conseguir su liberación.

   El jefe de la delegación de paz de las FARC, 'Iván Márquez', ha matizado que la decisión de liberar a Alzate y los demás rehenes corresponde al máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', reiterando que en La Habana solo se habla de paz.

   El secuestro de Alzate llevó a Santos a ordenar la suspensión de las negociaciones en la capital cubana, coincidiendo con su segundo aniversario, que se cumple este miércoles, haciendo así patente la mayor crisis que ha afrontado hasta ahora el proceso de paz.

   El Gobierno considera que estas acciones violan la firme promesa que el Secretariado de las FARC hizo a principios de 2012, como paso necesario hacia el inicio de un eventual diálogo de paz, de renunciar al secuestro de ciudadanos colombianos con fines extorsivos, que constituía una de sus principales fuentes de financiación.

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