BOGOTA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Senado colombiano tumbó ayer la Ley de Víctimas de la violencia que preveía la indemnización de las personas que se han visto afectadas por la violencia guerrillera, paramilitar y del narcotráfico en el país, cediendo así a las presiones de Gobierno y de los partidarios del presidente, Alvaro Uribe, que esgrimían la falta de fondos para hacer frente a esta legislación.
El pleno del Senado rechazó con 48 votos en contra y 24 a favor el informe de conciliación que, con el apoyo de algunos uribistas, acogía el texto aprobado el año pasado por el Senado y unos pocos artículos de lo votado a comienzos de la semana por la Cámara de Representantes, informan los medios locales.
El Gobierno había considerado que el proyecto original y el texto aprobado por el Senado, y no por la Cámara, implicaban un costo fiscal cercano a los 80.000 millones de pesos (27,5 millones euros), que sobrepasaría los límites del Ejecutivo para financiar la reparación a las víctimas.
Los autores del proyecto, entre ellos el senador opositor liberal Juan Fernando Cristo, habían asegurado que el cálculo del Gobierno no tenía fundamento alguno porque ni siquiera tenía cuantificado el número de víctimas. Tras la votación, Cristo denunció que el Gobierno "es discriminatorio y de poca responsabilidad para reparar al grupo de víctimas del conflicto armado en el país".
"El Gobierno está demostrado que le interesan más los victimarios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad para beneficiar a los paramilitares desmovilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas", lamentó el senador.
Ante estas críticas, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, afirmó que "no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado". Además, destacó que "las víctimas con ley o sin ley las seguirá atendiendo y reparando el Gobierno del presidente Uribe". En este sentido, anunció que el Ejecutivo está dispuesto a hacer una nueva ley que recoja el clamor de las víctimas y no afecte el presupuesto del Estado colombiano.
El proyecto de ley establecía la reparación por vía administrativa de las víctimas. Sin embargo, el artículo que abrió la polémica fijaba que para los afectados por agentes del Estado era necesaria la presentación de un fallo judicial para recibir la especie de 'subsanación' que haría el Estado.
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, denunció que el proyecto "no tiene posibilidad desde el punto de vista fiscal" y por eso pidió el archivo del proyecto. Hora antes él mismo había advertido de que al Estado le costaba cerca de 75.000 millones de dólares la reparación, mientras que con la propuesta del Gobierno tan sólo iban a ser destinados 23.000 millones de dólares.