BOGOTÁ, 24 Abr. (EP/AP) -
El senador de la oposición colombiana, Gustavo Petro, quien ha acusado a congresistas e incluso al presidente del Ejecutivo, Álvaro Uribe por relaciones con grupos paramilitares, denunció este martes que un teniente coronel retirado, vinculado con la seguridad de la empresa de carbón estadounidense Drummond, está involucrado en planes para asesinarlo.
Drummond, una de las multinacionales con mayor presencia en Colombia, se enfrenta a un juicio civil en una corte de Alabama, Estados Unidos, por haber pagado presuntamente a paramilitares para asesinar a dos líderes sindicales en el 2001.
Petro, del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo hoy a AP que la Procuraduría tiene testimonios que indican que el teniente coronel retirado Julián Villate se reunió el pasado mes de enero con un grupo de sicarios en la ciudad costeña de Santa Marta para planificar su muerte.
El senador vinculó al presidente con las denuncias que implican a su hermano Santiago Uribe con milicias derechistas en Antioquia, que incluso habrían operado en fincas de la familia.
La oficina de prensa de la citada empresa estadounidense evitó hoy confirmar o desmentir si Villate es miembro de su servicio de seguridad. Sin embargo, el presidente del sindicato minero de Colombia (Sintraminercol), Francisco Ramírez, manifestó que "él sigue como miembro de la seguridad de Drummond".
El citado senador, que lleva denunciando presuntas amenazas de muerte desde noviembre de 2006, afirmó que Villate también estuvo en el 2004 implicado en un plan para matar y amedrentar a sindicalistas de las empresas públicas de Cali, la tercera ciudad de Colombia.
El abogado José Strusberg, defensor de Rafael García, un testigo clave en las acusaciones contra la Drummond, denunció que su cliente iba a ser asesinado pero que afortunadamente las autoridades colombianas desmantelaron el complot.
García ha sido una pieza clave en las investigaciones judiciales contra los presuntos vínculos de varios diputados con los grupos paramilitares y afirmó haber presenciado la entrega de dinero que hizo el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, a unos paramilitares para cometer los asesinatos.
El testimonio de García, actualmente condenado a 17 años por haber borrado prontuarios de narcotraficantes cuando se desempeñaba como jefe de informática de la policía secreta, formará parte del caso judicial en Estados Unidos.
Strusberg dijo a AP que el plan conjurado implicaba a seis reclusos que estaban cerca de la de celda de su cliente y fueron trasladados. La autoridad penitenciaria dijo que los traslados fueron rutinarios.
"Las medidas de seguridad han sido redobladas" para proteger al testigo, manifestó Strusberg.
"García es un objetivo militar de fuerzas oscuras que quieren eliminarlo", dijo el abogado, quien no precisó si estarían relacionadas con el caso de Drummond.
El ex jefe de la policía secreta y de García, Jorge Noguera también está siendo investigado por presuntos nexos con los paramilitares.