10 de julio de 2012

Colombia.- El Supremo investiga a doce congresistas colombianos por la reforma de la justicia

BOGOTÁ, 10 Jul. (Colprensa/EP) -

La Corte Suprema de Justicia ha abierto investigaciones contra doce congresistas que formaron parte de la comisión de conciliación del polémico proyecto de reforma a la justicia que finalmente fue rechazado por el Parlamento, después de que el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, criticara duramente parte de su contenido.

Un total de ocho denuncias fueron presentadas por las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de conciliación de la reforma a la justicia, según señala el documento del Supremo que ha sido desvelado parcialmente por algunos medios locales.

El oficio ha sido firmado por el presidente de la Sala Penal, José Leonidas Bustos; el presidente de la Corte, Javier Zapata, y el magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, y señala que la investigación preliminar por estos hechos quedó reunida en el proceso de única instancia, número 39308, revela la agencia Colprensa.

Se trata de un trámite que no hace parte del proceso penal propiamente, sino que es el paso previo a una investigación penal y a la imputación de delitos a los congresistas. El Supremo podría archivar la denuncia si considera que ninguno de los congresistas incurrió en un delito.

El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, uno de los investigados, ha dejado claro que si bien formó parte de la comisión de conciliación no firmó ninguna aprobación. "En lo que sí estoy de acuerdo es en que se investigue si algunos congresistas obraron para favorecerse o favorecer a terceros", ha comentado.

A finales de junio, el Senado colombiano decidió de forma unánime archivar la reforma del sistema judicial, poniendo fin a meses de polémicas por los cambios que se introdujeron y que desvirtuaban la esencia inicial de este proyecto de mejorar el funcionamiento y la administración de la justicia.

La llamada Reforma a la Justicia fue propuesta por el propio Santos para mejorar los trámites administrativos del Poder Judicial, a fin de garantizar un servicio rápido y eficiente a los ciudadanos que se quejan constantemente los retrasos que sufren los casos en los tribunales.

Pero a medida de que avanzaba el análisis de la propuesta, los legisladores fueron incluyendo algunos artículos que terminaron por desvirtuar su esencia, al punto de que el propio Santos emprendió una campaña para echar por tierra el proyecto por "razones de constitucionalidad".