9 de julio de 2012

Colombia.- El Supremo investigará a seis senadores colombianos por la polémica reforma a la justicia

BOGOTÁ, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación preliminar contra seis senadores que participaron en la comisión de conciliación del polémico proyecto de reforma a la justicia que finalmente fue rechazado por el Parlamento, después de que el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, criticara duramente parte de su contenido.

La decisión, que ha sido firmada por los magistrados José Leonidas Bustos, Julio Enrique Socha Salamanca y Javier Zapata, se basa en una denuncia presentada contra los senadores y miembros de la Cámara de Representantes que avalaron la reforma que finalmente no prosperó, según revelan varios medios locales.

Los legisladores que serán investigados son el actual presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, y los senadores Jesús Ignacio García Valencia, Carlos Eduardo Enriquez Maya, Juan Carlos Restrepo Escobar, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales Díaz. Todos ellos formaban parte de la comisión que se encarga de conciliar los proyectos que aprueban ambas cámaras del Parlamento para que no haya choques entre las propuestas.

A finales de junio, el Senado colombiano decidió de forma unánime archivar la reforma del sistema judicial, poniendo fin a meses de polémicas por los cambios que se introdujeron y que desvirtuaban la esencia inicial de este proyecto de mejorar el funcionamiento y la administración de la justicia.

La llamada Reforma a la Justicia fue propuesta por el propio Santos para mejorar los trámites administrativos del Poder Judicial, a fin de garantizar un servicio rápido y eficiente a los ciudadanos que se quejan constantemente los retrasos que sufren los casos en los tribunales.

Pero a medida de que avanzaba el análisis de la propuesta, los legisladores fueron incluyendo algunos artículos que terminaron por desvirtuar su esencia, al punto de que el propio Santos emprendió una campaña para echar por tierra el proyecto por "razones de constitucionalidad".