Actualizado 17/02/2010 20:09

Colombia.- El Supremo niega, por primera vez, extraditar a un paramilitar desmovilizado a Estados Unidos


BOGOTÁ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia colombiano rechazó, por primera vez, la extradición a Estados Unidos de un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya desmovilizado para que responda ante la Justicia estadounidense por delitos de narcotráfico.

La extradición de Edwar Cobos Téllez afectaría, según el tribunal, al objetivo de la Ley Justicia y Paz, aprobada en 2005, de promover la verdad, justicia y reparación de las víctimas de crímenes perpetrados por las AUC, desde asesinatos, a secuestros, pasando por desapariciones forzosas. "Con la ausencia del postulado no se podrían lograr tales fines", sostiene el Supremo.

La Fiscalía colombiana imputa al ex paramilitar, más conocido por su alias 'Diego Vecino', las masacres perpetradas por las AUC en Manpuján y Las Brisas, por las que debe responder todavía ante la Justicia colombiana. En total, se le responsabiliza de estar implicado en un total de 5.000 asesinatos, secuestros y robos.

El paramilitar, antiguo miembro del Bloque Héroes de los Montes de María, abandonó las filas de las AUC el pasado julio de 2005 y actualmente se beneficia de beneficios judiciales por declarar, a voluntad propia, su participación en crímenes. 'Diego Vecino' admitió en estas confesiones que las AUC influyeron de forma directa en los resultados de las elecciones legislativas al Parlamento regional de Sucre en 2002.

Unos 32.000 paramilitares se han abandonado las armas y muchos de ellos disfrutan beneficios judiciales en virtud de la Ley de Justicia y Paz a cambio de su desarme y la confesión de crímenes a través de las denominadas 'versiones libres'. La ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para paramilitares que se entregaron o que confiesen sus crímenes.

Sin embargo, la falta de un acuerdo bilateral en materia de cooperación judicial entre Estados Unidos, país al que han sido extraditados numerosos paramilitares para su procesamiento en este país por delitos de narcotráfico, y Colombia está entorpeciendo los procesos para que éstos declaren por sus crímenes más graves.

Sólo ocho de los 15 paramilitares extraditados a Estados Unidos en 2008 han continuando testificando sobre su responsabilidad en homicidios, desapariciones y secuestros desde Estados Unidos, mientras que, según el Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley (IHRLC, por sus siglas en inglés), al menos 18 de los 30 paramilitares extraditados en los últimos años a Estados Unidos brindan testimonios públicos.

Precisamente, con el objetivo de mejorar esta cooperación, viajó este mes a Washington el presidente del Tribunal Supremo colombiano, Augusto Ibáñez.

El Supremo colombiano ha intentado sin éxito obtener declaraciones de algunos de los ex comandantes paramilitares como Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' y Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como 'Don Berna', solicitadas a la Justicia estadounidense desde octubre del año pasado.

Ninguno de los paramilitares extraditados a Estados Unidos han sido condenados hasta la fecha, según recuerda el IHRLC. "Las extradiciones pueden haber acabado (confirmado) los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada", lamenta la ONG.

A su juicio, sus testimonios ofrecen "una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad" por su capacidad para "proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos".

CRÍMENES DE LAS AUC

Unos 4.112 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya desmovilizados han cometido al menos 30.470 asesinatos y han hecho desaparecer a otras 2.520 personas entre 1985 y 2003, según han reconocido los propios implicados en declaraciones prestadas ante la Justicia. La Fiscalía colombiana por su parte ha recibido denuncias documentadas de unos 11.797 homicidios en este periodo, según un nuevo informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hecho público este martes.

Estos paramilitares desmovilizados han reconocido ante la Justicia haber cometido 1.085 masacres, haber desaparecido a 2.520 personas de manera forzosa, haber reclutado a 1.437 menores, haber impuesto 1.326 desplazamientos forzados, 1.642 extorsiones y otros 1.033 secuestros, según datos de la Fiscalía.

La Fiscalía ha logrado verificar 485 masacres hasta diciembre pasado, así como 1.093 reclutamientos de menores, 1.412 desapariciones, 747 episodios de desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.