BOGOTÁ, 17 Oct. (Reuters/EP) -
El Tribunal Constitucional de Colombia ha derogado este miércoles una reforma fiscal que entró en vigor en enero, pero la ha mantenido hasta finales de 2019 en un fallo que deja sin efectos la norma en los próximos años y obliga al Gobierno a impulsar una nueva ley que resuelva los errores de trámite.
La medida ha sido aprobada por seis votos a favor y tres en contra. El tribunal ha tomado la decisión por fallos en el trámite de la denominada ley de financiamiento aprobada en diciembre de 2018, que redujo la carga impositiva al sector empresarial.
De acuerdo con el fallo, la reforma fiscal tendrá vigor hasta el 31 de diciembre, con lo que el Gobierno tendrá que presentar una nueva para buscar ingresos adicionales en los próximos años y mantener los beneficios tributarios.
"La declaratoria de inexequibilidad (...) surtirá efectos a partir del primero 1 de enero de dos mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la ley", ha detallado el Tribunal Constitucional en un comunicado.
El tribunal ha señalado que en caso de que para el 31 de diciembre no promulgue y publique una nueva ley, a partir del 1 de enero de 2020 entrarán en vigor las normas derogadas o modificadas por la reforma fiscal.
Con la ley anulada, una de las más importantes para el Gobierno del presidente, Iván Duque, Colombia recaudará en 2019 alrededor de 7,8 billones de pesos (2.039 millones de euros), ya que el tribunal ha decidido mantener su vigor solo por este año para mitigar los efectos negativos del fallo sobre la cuarta economía de América Latina.
La decisión es un nuevo golpe a la gobernabilidad de Duque, quien desde que asumió el poder en agosto de 2018 se ha enfrentado a una fuerte resistencia en el Congreso para la aprobación de sus proyectos económicos, poniendo en riesgo los esfuerzos para disminuir la deuda, estimular el crecimiento y evitar una reducción en las calificaciones crediticias del país.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha indicado que el Gobierno buscará los mecanismos para recuperar la sostenibilidad las finanzas públicas del país.
"Esta decisión un serio golpe a la credibilidad de la política económica. Me parece que vamos a tener que leer esta sentencia con cuidado, con respeto y también con voluntad de arreglar los posibles problemas que nos haya creado", ha declarado el ministro en el Congreso.
La ley anulada aumentaba impuestos a las personas de altos ingresos, contemplaba una sobretasa al impuesto de renta a los bancos, otorgaba descuentos y menores tarifas tributarias para los empresarios.
También reducía el gravamen a los inversores extranjeros en deuda pública interna del 14 por ciento al 5 por ciento e incluía medidas para combatir la evasión.