BOGOTÁ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, respondió hoy a la carta de los paramilitares desmovilizados en la que piden autorización para hacer política en las regiones donde ejercían su poder a través de las armas, y aclaró que sólo pueden ser portavoces políticos desde la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentran recluidos.
"Mientras no haya sentencia ese ejercicio (de la política) lo deben hacer, pero desde (la prisión de) Itagüí. Esta es la instrucción que he dado", declaró Uribe a la emisora local 'RCN' al dar respuesta a la misiva de los 'paras' que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz que regula el proceso de negociación entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Así, aclaró que las normas actuales no les prohíbe formar parte activa en la política, pero de llegar a ser condenadas por delitos de lesa humanidad no podrán participar en elecciones de cargos públicos. "En el momento que se dé la sentencia, ellos pueden hacer política con las limitaciones de la Constitución", acotó.
El mandatario colombiano comentó que la misiva enviada por los jefes de las AUC desmovilizados tienen que cumplir con el proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz y, después de conocer la condena, se determinará si podrán o no intervenir en la política.
En la carta rubricada por Salvatore Mancuso, alias 'Jorge 40', Hernán Giraldo y otros 11 ex jefes más, "invitan" a Uribe a estudiar "aquel componente que se relaciona directamente con la incorporación de los desmovilizados al libre juego de los movimientos y partidos políticos, con plenos derechos a debatir en lo público nuestras razones y lecturas del actual proceso".
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que no existe "viabilidad" para que los 'paras' entren activamente en la política. "No creo que determinadas personas que van a ser condenadas pidan ahora intervenir en la política del país", manifestó.
Santos anunció que tratará este tema con el mandatario colombiano y el Alto Comisionado de Paz para tomar las medidas que sean necesarias y los "términos exactos" expresados por los ex AUC que están detenidos en Itagüí.
En abril de 2006 terminó la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de algunos beneficios judiciales, como el establecimiento de una pena máxima de ocho años para los crímenes cometidos durante las dos décadas en la que se enfrentaron con los otros grupos subversivos.