19 de octubre de 2007

Colombia.- Uribe quiere que el CPI juzgue a los criminales de guerra colombianos

BOGOTÁ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso hoy al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno, que levante la reserva que Colombia tiene hasta 2009, lo que permitiría juzgar los crímenes de guerra cometidos en este país.

Colombia invocó esa reserva en agosto de 2002 durante siete años al ratificar el Estatuto de Roma que dio origen a la CPI. Con ella se otorgaba inmunidad frente a ese tribunal a los miembros de grupos armados que podían ser juzgados por reclutar menores, secuestrar, torturar, asesinar a combatientes rendidos, atacar iglesias y ambulancias, entre otros crímenes.

El objetivo de la reserva era mantener las puertas abiertas a procesos de paz con los grupos armados pero Uribe opinó que se han pasado cinco años sin que la guerrilla demuestre voluntad de paz, informó hoy el diario colombiano 'El Tiempo'.

"Colombia es un país que pertenece a las instituciones internacionales de justicia, a la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, a los órganos de Naciones Unidas. ¿Que razón tiene esa reserva?", preguntó el mandatario ante magistrados y jueces reunidos en el X Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.

Uribe dijo que consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y nombrará una comisión para tomar la decisión definitiva.

El levantamiento de la reserva de la Corte Penal Internacional no afectaría a los paramilitares desmovilizados porque el tribunal sólo tendría jurisdicción sobre los crímenes ocurridos a partir de la anulación de la reserva. Asimismo el CPI sólo opera cuando los Estados no aplican la justicia.

Los más afectados por esta decisión serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares.

Además, a partir de la entrada en vigor de la CPI en el país, no sería posible una ley de amnistía e indulto para las FARC o el ELN, pues las cúpulas de estos grupos fueron condenadas por las masacres de Machuca y Bojayá.