Actualizado 06/05/2013 06:02

Colombia.- El 'uribismo' publica un decálogo para sustituir las "inaceptables condiciones" del diálogo de paz

Dice que "el 'chavismo' no tiene ninguna autoridad moral ni independencia para ser patrocinador de la paz en Colombia"


BOGOTÁ, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El partido político del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, Centro Democrático, ha emitido un comunicado en el que establece el decálogo que debería sustituir las "inaceptables condiciones" del diálogo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Desafortunadamente para el país, el Gobierno de (Juan Manuel) Santos se ha desviado del rumbo (del Gobierno de Uribe) y está realizando en La Habana unos diálogos con el grupo terrorista de las FARC, en unas condiciones inaceptables para el pueblo colombiano", ha dicho en un comunicado.

En concreto, ha denunciado que el diálogo de paz se está desarrollando "en medio de la violencia", que no implica "la entrega de armas por parte de los terroristas", que "da garantías de impunidad para sus crímenes" y "promesas de elegibilidad para criminales que no pasarán ni un solo día en la cárcel" y que "no tiene ninguna representatividad social ni legitimidad política".

"El Gobierno de Santos jamás recibió un mandato para realizar diálogos en semejantes condiciones, por ello, junto con la inmensa mayoría de la opinión pública nacional, el Centro Democrático rechaza la forma y el contenido de las conversaciones de La Habana", ha indicado.

Así, ha enunciado "los principios y las condiciones que deberían respetarse para que el Estado, en representación de toda la sociedad colombiana, adelante conversaciones de paz con cualquier grupo violento".

En primer lugar, ha considerado que, "si los terroristas quieren que el Estado les conceda la posibilidad de realizar diálogos para su desmovilización, desarme y reinserción, es absolutamente necesario que previamente cesen de manera definitiva sus acciones violentas".

"El cese del terrorismo deberá ser garantizado por la concentración de estos grupos violentos en zonas previamente delimitadas, con mecanismos que permitan hacer verificable la cesación de sus actividades criminales", ha añadido.

Además, el Centro Democrático ha subrayado que "el diálogo de paz debe tener como temas únicos, exclusivos y excluyentes, las condiciones de desmovilización, desarme, reinserción y sometimiento a la justicia de los grupos terroristas".

"Es absurdo e inaceptable que en los diálogos de paz se negocie el país entre un Estado avalado por la abrumadora mayoría de los colombianos, y unos grupos terroristas que son repudiados por el 99 por ciento de la población", ha argumentado.

En concreto, el Centro Democrático ha estimado que "negociar el 'agro' colombiano (principal punto de la agenda temática del diálogo de paz) con las FARC, es como negociar el sistema financiero con los asaltantes de bancos".

Ha apuntado que la mesa de negociaciones debe incluir "una entrega de armas total y verificable". "Los acuerdos de paz deben robustecer el principio de que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. De ninguna forma es aceptable que un grupo terrorista se reserve el derecho a mantener en su poder las armas con las que cometieron crímenes", ha sostenido.

También ha subrayado que "hay que cerrar definitivamente la posibilidad de que los responsables de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de los Derechos Humanos puedan ser elegibles a cargos públicos". "El Congreso no se puede llenar de criminales", ha considerado.

El Centro Democrático ha propuesto que "a la sanción penal se sumen la sanción política y moral, que significan la no elegibilidad permanente y definitiva", de modo que "la elegibilidad se reservará para quienes sean condenados exclusivamente por los

delitos de rebelión, sedición y asonada".

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Los 'uribistas' han hecho hincapié en que "el perdón no puede ser gratis, hay que merecerlo: confesando la verdad, manifestando arrepentimiento, reparando a las víctimas del conflicto armado y aceptando el castigo de la justicia".

Como medida de reparación a las víctimas, ha instado a la creación de "instrumentos legales, como la extinción de dominio de aquellos bienes que hayan sido adquiridos como producto de la violencia para devolvérselos a sus legítimos propietarios".

MEDIDAS PARALELAS

De forma paralela, ha propuesto que "el Estado acometa ambiciosos programas para incentivar el abandono voluntario de las armas por parte de los integrantes de grupos terroristas". "A quienes se acojan se les debe brindar toda la protección del Estado", ha apuntado.

Además, ha considerado que "la política social es un factor fundamental para la pacificación del país", por lo que "se deben extender masivamente programas que han obtenido reconocimiento internacional por su eficacia".

A modo de ejemplo, ha señalado al programa Familias Guardabosques, "que permite integrar a los beneficios del desarrollo social a familias campesinas de zonas marginadas y azotadas por la violencia, brindándoles oportunidades de empleo y de acceso a la seguridad social y a la educación".

SOBERANÍA NACIONAL

Por último, ha destacado que "la paz es un asunto interno de Colombia que, por tanto, deben resolver los colombianos de manera soberana, sin injerencias externas". "La paz no puede estar subordinada a los intereses de gobiernos extranjeros", ha sostenido.

"La facilitación internacional no es un ingrediente indispensable para realizar diálogos de paz. Sin embargo, en el caso extraordinario de que se requiera, esta debe estar conformada por países o instancias internacionales que garanticen absoluta neutralidad e independencia", ha señalado.

Así, ha indicado que "los gobiernos o entes internacionales que en el pasado hayan mostrado en el pasado alguna simpatía o apoyado a grupos terroristas, no deben formar parte de la facilitación internacional".

"El 'chavismo', que ha apoyado y patrocinado a los terroristas criollos, no tiene ninguna autoridad moral ni independencia para ser patrocinador de la paz en Colombia", ha subrayado. "Es inaceptable que el actual gobierno se doblegue ante el fraude y la violencia dictatorial en Venezuela", ha concluido.