BOGOTÁ (Reuters/EP)
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, pidió este lunes a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, coordinar medidas para proteger la vida de los habitantes en la frontera común y evitar hechos como la masacre de 10 personas en manos de un grupo armado ilegal.
"Hago un llamado al Gobierno de Venezuela, a su presidente, para que por encima de cualquier diferencia, busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos venezolanos", dijo Uribe.
Este llamamiento de Uribe a Chávez se produjo pese a que los dos países atraviesan una crisis en sus relaciones diplomáticas que comenzó a golpear el comercio binacional de más de 7.000 millones de dólares (4.715 millones de euros) anuales.
"A nosotros nos duele por igual un crimen aquí o un crimen allá", precisó el mandatario colombiano en un acto de Gobierno en el departamento de Valle del Cauca (suroeste).
De las 10 personas que aparecieron asesinadas el fin de semana en el estado venezolano de Táchira (oeste), ocho eran colombianos, según confirmó este lunes el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez.
Las víctimas hacían parte de un equipo aficionado de fútbol y desaparecieron en octubre después de que un grupo armado los secuestró. Autoridades venezolanas atribuyeron la masacre al desbordamiento en su territorio del conflicto interno colombiano que lleva más de cuatro décadas.
La masacre se produjo en momentos en que las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países atraviesan una crisis por la oposición de Chávez a la decisión de Uribe de permitir a Estados Unidos el uso de siete instalaciones militares en territorio colombiano.
Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en América Latina, ha asegurado que la autorización de Colombia a Estados Unidos para usar esas bases militares es un paso más en la intención de Washington de invadir su territorio y bloquear su revolución bolivariana.
Pero Uribe sostiene que la autorización es exclusivamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo y que el acuerdo no autoriza a Estados Unidos para agredir a terceros países.