BOGOTÁ, 19 Sep. (EP/AP) -
Víctimas de la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron que se prohíba a Chiquita operar en Colombia, un día después de que un tribunal federal estadounidense impusiera una multa de 25 millones de dólares a la compañía frutícola por hacer pagos a grupos terroristas que se financiaban también del narcotráfico.
El tribunal federal aceptó el pasado lunes un acuerdo alcanzado en marzo entre el departamento de Justicia y la gigante bananera con sede en Cincinnati, que reconoció haber pagado cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a grupos paramilitares. La decisión judicial desató las críticas de algunos responsables del Gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe.
"Se siente uno decepcionado por la Justicia americana", dijo ayer el ministro del Interior, Carlos Holguín, quien catalogó de "casi increíble" que por 25 millones de dólares "se compre la impunidad de quienes financiaron una masacre colectiva de colombianos".
La multa, que también incluye un periodo de prueba para la compañía, es la más grande impuesta bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos. Pero para la mayoría de los colombianos, el castigo se queda corto si se compara con la vinculación que tuvo la bananera en el conflicto de Colombia.
El ministro colombiano de Asuntos Exteriores, Fernando Araujo, señaló en un comunicado que si se tipifica en Colombia algún delito de los funcionarios de Chiquita, solicitarán, con apoyo de la Fiscalía general, su extradición al país.
El Movimiento de Víctimas aseguró que pedirá al Ministerio de Comercio que retire todas las licencias comerciales de Chiquita y evite que la compañía y sus subsidiarias operen en el país de nuevo.
"¿Qué pasaría si una compañía colombiana fuera acusada de ser cómplice de un homicidio de trabajadores en Estados Unidos?", se preguntó Iván Cepeda, líder de esta organización, que agrupa el mayor número de víctimas de paramilitares en el país.
Por su parte, un portavoz de Chiquita en Cincinatti, Michael Mitchell, señaló que la bananera no opera en Colombia desde junio de 2004, cuando vendió sus fincas para "liberarse de esta difícil situación". No obstante, la compañía aún compra bananos a cultivadores independientes a través de un intermediario.