MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Perú ha condenado este miércoles a seis años de cárcel a un gobernador regional por liderar en 2011 las protestas contra un proyecto minero de la empresa canadiense Bear Creek en la región de Puno.
El Poder Judicial peruano ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que Walter Aduviri ha sido sentenciado por el Juzgado Penal Colegiado de Puno "como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, caso 'Aymarazo'".
Así, ha manifestado que el tribunal ha ordenado "su inmediata captura y reclusión en un penal que disponga el Inpe", al tiempo que ha agregado que se ha impuesto una multa de dos millones de soles (cerca de 529.000 euros) "en reparación civil en favor del Estado.
Las protestas del 'Aymarazo', lideradas por indígenas aymara como Anduviri, se sucedieron en 2011 y se saldaron con al menos cinco muertos, tras lo que el Gobierno canceló la autorización a Bear Creek en un proyecto de plata en Puno.
El tribunal emitió la semana pasada una orden de arresto preventivo contra Aduviri, quien se encuentra en paradero desconocido.
Aduviri niega haber cometido algún delito y se encuentra "a buen recaudo", según ha indicado en declaraciones a la agencia de noticias Reuters Aldo Valdivia, uno de sus abogados, que no ha especificado si el funcionario iba acatar la sentencia.
Valdivia ha manifestado que el líder indígena apelará el fallo tan pronto reciba la notificación oficial. "Vamos a ir hasta la Corte Suprema", ha señalado el abogado, antes de alegar que no hay pruebas directas de que su defendido hubiera convocado las protestas.
Contador de profesión y un admirador público del presidente de Bolivia, Evo Morales, Aduviri pasó la mayor parte del año pasado como prófugo por una condena por sedición antes de ser absuelto y ganar en octubre las elecciones para gobernador.
La sentencia sacaría de la escena pública a uno de los líderes más radicales del sur del país --un bastión para la oposición a la política dominada por las élites de Lima--, donde muchos reclaman por una mayor parte de los ingresos mineros.