"Falsos positivos", la crueldad impune diez años después
BOGOTÁ, 8 Feb. (Notimérica) -
La reciente condena del sargento viceprimero del Ejército colombiano, Iván Mauricio Ochoa Yepes, condenado a 43 años de prisión por estar involucrado en uno de los llamados "falsos positivos", ha reabierto una de las etapas más oscuras del país.
El terror implantado por un batallón de ingenieros de la IV Brigada provocó la muerte de 56 supuestos delincuentes en 2006, una de las unidades militares con más "resultados" del país, incluso por encima de otros grupos de contraguerrilla situados en zonas más complicadas del territorio nacional.
Entre 2002 y 2008, miembros de brigadas del Ejército ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados "positivos" e incrementaran el número de bajas en combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.
El sargento Ochoa formaba parte de lo que se llamaba un "escuadrón de la muerte". Esta formación contaba con personas dedicadas a reclutar víctimas, otros que se encargaban de la recolección de armas, y otros que "maquinaban" la escena del crimen para que pareciera un operativo legal.
La condena al sargento Ochoa se produjo el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción (Santander), donde, tal y como recoge el diario 'El Colombiano', "tropas del Ejército pertenecientes a la escuadra Halcón 1 del Batallón Pedro Nel Ospina, dieron muerte a los señores Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego en un aparente combate".
No obstante, el relato de otros militares que participaron en este hecho, aseguran que las víctimas --uno de ellos menor de edad--, fueron llevadas por medio de engaños hasta una casa abandonada donde los uniformados los asesinaros y los presentaron como "bajas en combate".
Pero dicha atrocidad no queda ahí. Otro sargento añadió más detalles de lo sucedido esa noche, en la que se comprobó un nuevo caso de "falso positivo" por parte de unidades adscritas al batallón Pedro Nel Ospina.
"El sargento Ochoa me había manifestado que los muchachos (soldados) venían voluntariamente, ya que les habían manifestado que se iban a ganar una plata porque iban a descargar una mula, arrancamos para arriba en los carros, cuando llegamos allá, a la vereda que yo llamo La Raya, nos bajamos, mi teniente dice que él los mata, que él hace la vuelta, caminamos con los muchachos (víctimas) diciéndoles que íbamos para la base a pedirles antecedentes", narró el sargento Quiroz al juzgado.
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por este batallón se fueron convirtiendo poco a poco en sistemáticas y cada vez mejor planeadas. Un taxista reclutaba y movilizaba a las víctimas, las entregaba a la unidad militar, y sus integrantes se encargaban del resto.
Por lo sucedido en la noche del 18 de abril de 2006, a parte de la reciente condena del sargento Ochoa, la justicia ya sentenció al teniente Manuel Cuéllar a 36 años de prisión, a Luis Norberto Serna (taxista reclutador) a 25 años, y están acusados dos coroneles, un mayor y diez soldados profesionales.
LAS VÍCTIMAS PIDEN RESPUESTAS
Decenas de víctimas de estas prácticas aún están a la espera de respuestas de lo que pasó, las cuales piden por lo menos justicia para los responsables.
Una de las madres de un joven de 22 años víctima de "falsos positivos" relata cómo el muchacho desapareció un día, y no fue hasta pasados cuatro años cuando los restos de su hijo fueron exhumados en el municipio de Abejorral (Antioquia).
Al recuperar los restos de su hijo, la Fiscalía contactó con ella y le expresó que lo ocurrido era un caso de "falso positivo". "Yo vi fotos en la Fiscalía, a él le pusieron pasamontañas, botas pantaneras, granadas, una pistola oxidada, y estaba al lado de otro joven muerto con la misma apariencia", expresa la madre, recordando ese episodio de su vida.
El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009. A pesar de que el gobierno no tenga estadísticas de "falsos positivos", a mayo de 2015, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación investigaba más de 3.700 casos de ejecuciones ilegales, supuestamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008, obteniendo condenas en más de 800 de estos casos.
Según las investigaciones que adelanta la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, la IV Brigada es una de las unidades militares que más procesos tiene abiertos por homicidios cometidos por agentes del Estado y, entre sus diez batallones, el Pedro Nel Ospina es el que lidera ese registro negativo.