Actualizado 23/07/2009 20:00

Conflictos laborales en PDVSA podrían radicalizarse

Por Marianna Párraga

CARACAS (Reuters/EP) - Los crecientes conflictos laborales en la petrolera estatal venezolana, PDVSA, podrían radicalizarse atizados por la falta de definición en la discusión sobre contratos colectivos y la absorción de miles de empleados de firmas recientemente expropiadas, advirtieron dirigentes sindicales.

La contratación de decenas de miles de empleados tiene seis meses de atraso debido a que los trabajadores aún no han podido elegir a sus representantes para discutir este tema con la petrolera.

Además, el ministro de Energía y presidente de la empresa, Rafael Ramírez, dijo la semana pasada que no se sentará a la mesa a discutir el contrato colectivo "con ningún enemigo de Chávez", lo que generó malestar entre dirigentes sindicales, incluidos algunos afectos al gobierno.

La convención laboral, que debe amparar a más de 98.000 trabajadores directos e indirectos, busca unificar además la multiplicidad de sindicatos que existen en la industria bajo la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y sus Similares de Venezuela (FUTPV).

Hasta el momento, hay inscritos 11 grupos aspirantes a la directiva de la FUTPV, de los cuales siete son oficialistas.

Dirigentes sindicales argumentan que la postergación de la fecha de las elecciones, ahora prevista para el 27 de agosto, busca ganar tiempo para unificar a las corrientes oficialistas a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), creado y liderado por el propio presidente Hugo Chávez.

AMENAZAS DE HUELGA

El mismo Ramírez, visto como uno de los funcionarios con más poder en el Gobierno, ha dicho que la FUTPV debe quedar en manos de un "revolucionario" que esté en línea con el proceso socialista que se implementa en el país.

Algunos dirigentes llegaron incluso a anticipar en que si hay más demoras en la discusión contractual podrían activarse los mecanismos para ir a una huelga.

"Si ganamos las elecciones, en 72 horas PDVSA tendrá que ponerse a derecho y poner al día el contrato colectivo. Si no, introduciremos de inmediato un pliego ante el Ministerio del Trabajo y ejerceremos nuestro derecho a la huelga", dijo José Bodas, quien aspira a integrar la directiva de la Federación.

A juicio de Bodas, el ministro Ramírez ha estado interfiriendo en las elecciones sindicales, lo que considera ilegal de acuerdo a los convenios firmados ente Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro elemento que está calentando el clima laboral dentro de la industria es la absorción de miles de trabajadores de 76 empresas de servicios petroleros que fueron expropiadas hace semanas por orden del Gobierno, que ha nacionalizado una amplia gama de sectores que considera estratégicos.

Algunos sindicatos aseguran que el traspaso de estos empleados a las filas de la firma petrolera estatal ha estado plagada de irregularidades.

LA EXPLOSION DEL CONFLICTO

PDVSA dice que ha incluido en su nómina a 6.500 trabajadores de las firmas expropiadas en el occidental estado de Zulia y planea llegar a 8.100, pero en esa cifra no está contemplada la mayor parte de los trabajadores ocasionales.

Estos, que también piden su inclusión, han venido haciendo algunas protestas para presionar a la petrolera.

"Si esta situación continúa, en dos meses los trabajadores dejarán de remitir sus quejas a los sindicatos y habrá una explosión del conflicto (...) Los trabajadores están dispuestos a tomar acciones. Estamos a las puertas de un paro", dijo Bernardino Chirinos, jefe de Reclamos del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Zulia.

En otras áreas del país, como en Anzoátegui, los empleados interrumpen sus labores diarias con asambleas de dos o tres horas, como ha ocurrido ya en la refinaría de Puerto la Cruz, en las instalaciones de la antigua Petrozuata en la Faja del Orinoco y en el Terminal de Guaraguao.

Opositores al presidente Chávez sostienen que el Gobierno está tratando de silenciar las crecientes protestas laborales en diversas áreas, en momentos en que los ingresos del país han mermado y hay menos disponibilidad de fondos para poner paños tibios que resuelvan la situación.