BOGOTÁ, 4 Jul. (Notimérica) -
El 4 de julio de 1991 se aprobó en Colombia la actual Constitución de la República, que reemplazó a la Constituión Política de 1886 y marcó el inicio de un nuevo país que buscaba ser más progresista y que tenía como objetivo vivir en paz.
Dicha Carta Política es conocida como la 'Constitución de los Derechos Humanos' o 'Carta Magna' y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. A día de hoy es considerada como un ejemplo de liberalismo y consecución del Estado social de derecho.
El documento modificó drásticamente la situación de Colombia y creó instituciones como la Fiscalía General. Además, puso fin al bipartidismo, amplió derechos a las minorías y promulgó a Colombia como un país laico. Incluso, su redacción contó con la supervisión del fallecido Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, según relata el diario 'El tiempo'. También cuenta con una Corte Constitucional y un Banco de la República independiente en la toma de decisiones del Ejecutivo.
Los orígenes de la Constitución actual se sitúan en la negociación del presidente Virgilio Barco con varios grupos guerrilleros, entre ellos, el Movimiento 19 de abril (M-19), surgido a raíz del fraude de las elecciones presidenciales en esa misma fecha.
Durante este proceso, los guerrilleros exigieron que se convocara una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales conservador y liberal. El Gobierno no aceptó por diversos motivos, entre ellos porque los grandes cárteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para realizar un plesbiscito sobre la extradición.
LA SÉPTIMA PAPELETA
Las desmovilizaciones por parte de los grupos guerrilleros M-19 y también por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quíntin Lame, contribuyeron a crear un ambiente social dirigido a transformar el país por la vía política y jurídica.
En este entorno, nació el movimiento 'Séptima Papeleta' para las elecciones legislativas de 1991, formado por grupos de estudiantes que retomaron la idea de que se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva Constitución Política.
Aunque no fue oficial, el conteo informal en esas elecciones registró más de dos millones de papeletas a favor, de los 7,6 millones de votantes que acudieron a las urnas. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 donde el 86 por ciento de los votantes apoyaron la reforma.
Finalmente, el 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por presidente de aquella época, César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Además, para darle impulso a las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz pero sin voto a cuatro representantes de estos dos grupos: dos de EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otro del movimiento armado Quintín Lame.
El proceso de discusiones duró hasta el 4 de julio de 1991, cuando todos los Delegados Constituyentes firmaron la redacción final de la constitución en una ceremonia oficial. Para poder tratar todos los temas en corto tiempo, la Asamblea se organizó a través de cinco comisiones permanentes relacionadas con la reforma constitucional, autonomía regional, cambios en el Gobierno y Congreso, administración de justicia y ministerio Público y la última sobre temas económicos, sociales y ecológicos.
La versión final de la Constitución de Colombia quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios que se organizaron en 14 títulos. Pero entre los aspectos más importantes destacó la consagración de los derechos, no solo fundamentales (Título 2 - Capítulo 2), sino también económicos, sociales y colectivos, que son reconocidos como derechos de tercera generación (Título 2 - Capítulo 2 y 3). Además, se crearon los mecanismos para protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares.