CARACAS, 13 Oct. (Notimérica) -
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidió el pasado martes autorizar al presidente del país, Nicolás Maduro, a presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año sin pasar por la Asamblea Nacional, dominada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Esta decisión se tomó debido a la reincorporación de tres indígenas opositores en la Asamblea después de que el pasado 1 de agosto el TSJ declarara carente de "validez, existencia y eficacia jurídica" la juramentación de estos tres miembros por una supuesta compra de votos por lo que serían consideradas nulas todas la decisiones de la Asamblea en la que participen diputados del estado de Amazonas: Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.
La decisión del TSJ indica que es el propio tribunal el que analizará, aprobará o rechazará el presupuesto ante la "imposibilidad jurídica de presentar el proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional y de que esta lo apruebe o rechace" debido a la readmisión por parte de la Asamblea de los tres opositores indígenas después de que el TSJ invalidara sus cargos.
El máximo órgano del sistema judicial de Venezuela justificó dicha determinación "frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional (...) y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado".
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este miércoles que "todo cuanto se gaste o se erogue a través de ese presupuesto que pueda ser aprobado por un organismo que no tiene las facultades constitucionales, como es la Sala Constitucional, carecerá de toda validez y de toda legitimidad".
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
Asimismo y, según declaraciones a 'BBC Mundo' del profesor de Derecho Administrativo venezolano José Ignacio Hernández, "si entiendes que hay desacato, no tiene ningún sentido invalidar a toda la Asamblea Nacional. La irregular conformación de tres de los 169 diputados no permite invalidar a toda la Asamblea".
Con este razonamiento, Hernández aseguró que el TSJ se excedió porque la propia Constitución contempla el hecho de que la Asamblea no quiera o no pueda aprobar el presupuesto. En ese caso, "el presupuesto se reconduce", explicó al mismo medio. Es decir, se prorroga el del año anterior con ligeras modificaciones derivadas, entre otras cosas, de la inflación.
"La solución de la Sala Constitucional no existe en la Constitución. Se autoatribuye una competencia que no tiene y la propia sentencia lo reconoce", agregó.
Además, Hernández aseguró que "es muy peligroso porque la sala puede dictar entonces el código penal, el código civil, dictar leyes y ejercer las funciones de la Asamblea".
Por su parte, el abogado constitucionalista venezolano Jesús Silva recordó que la Asamblea está en condición de desacato "mientras que tres individuos que no son diputados sigan incorporados en el parlamento".
"Tal situación en la práctica equivale a una Asamblea Nacional que se autodisolvió, y al no poder generar actos legislativos válidos, el escenario actual es de omisión legislativa permanente", explicó a medios locales.
CONTEXTO
La Asamblea Nacional es un órgano dominado por la MUD desde que el sector contrario al Gobierno ganara las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre acabando así con 17 años de control de dicho órgano por parte del bolivarianismo. Gracias a ello, la oposición ganó fuerza en la lucha política contra un gobierno al que quiere revocar en un próximo y eventual referendo.
El presupuesto se enmarca en el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que sigue vigente en la actualidad en Venezuela. El Ejecutivo basa en esas normas sus poderes especiales para combatir una crisis caracterizada por la alta inflación y el desabastecimiento de alimentos y productos básicos.
Crisis que el Gobierno justifica con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas del país, además de por una "guerra económica" lanzada por el sector privado y países extranjeros.
La oposición culpa a la gestión del Gobierno de esta profunda crisis, por lo que ha iniciado un proceso de convocatoria de un referendo revocatorio al mandato de Maduro.
Pese a ser una cuestión que afecta gravemente al país iberoamericano, economistas y analistas prestan cada vez menos atención al presupuesto venezolano, ya que las partidas extrapresupuestarias terminan superándolo con creces.