Celi asegura que se adoptarán medidas de control, juicio y sanción contra todo "acto reñido con la ley"
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El contralor general del Estado ecuatoriano, Pablo Celi, ha pedido este martes diferenciar "el reclamo social pacífico" de aquellos actos que buscan "instaurar el caos" en el país, que se ha visto golpeado durante los últimos días por las protestas antigubernamentales contra la reforma económica.
En un informe presentado por Celi ante la "tensión que vive el país" junto al presidente del país, Lenín Moreno, desde la localidad de Guayaquil, a la que ha sido trasladada la sede del Ejecutivo este martes, el contralor ha señalado que es necesario hacer una distinción entre el "reclamo legítimo y garantizado por el mandato constitucional y el orden legal" de aquellas acciones que resultan "conspirativas y que pretenden instaurar un ambiente de caos mediante ataques violentos contra personas e instituciones".
"Las reivindicaciones de los movimientos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas empeñadas en destruir el orden democrático y revertir el proceso de restitucionalización y lucha contra la corrupción que venimos impulsando todas las funciones del Estado", ha aseverado Celi, que ha acusado a los manifestantes violentos de provocar la "destrucción de bienes públicos y privados" y tomar "edificios e instalaciones estatales".
En este sentido, ha expresado que, "en resguardo de la seguridad, la integridad del Estado y el orden legal e institucional vigente", se adoptarán "todas las acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la ley y la ética pública" en el marco de las respectivas competencias de cada organismo estatal.
Así, ha insistido en que es "obligación del Estado garantizar la seguridad, el bienestar y las condiciones de desarrollo justas y equitativas para todos los ecuatorianos". Por ello, Celi ha destacado que el Gobierno llama al "diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social".
La reforma económica que Moreno dio a conocer el pasado 1 de octubre, que incluye la retirada del subsidio al combustible y es fruto de un plan de ajuste exigido por el FMI, ha desatado las peores protestas de los últimos años en Ecuador. Una persona ha muerto, decenas han resultado heridas y cerca de 600 han sido detenidas, la mayoría por "actos vandálicos", a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Moreno ha declarado el estado de excepción, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo ha reducido a 30, ha trasladado el Gobierno de Quito a Guayaquil y ha suspendido las clases en todo el país.
Ecuador ha amanecido este martes preparado para nuevas protestas. Instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría han enviado a sus trabajadores a casa, mientras que las autoridades municipales de Quito, Guayaquil o Pichincha han suspendido todos los actos públicos. El Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, permanece fuertemente custodiado por las Fuerzas Armadas.
En plena escalada de tensión, Moreno ha ofrecido diálogo a los manifestantes, aunque aclarando que no anulará el decreto ejecutivo que elimina el subsidio a la gasolina y al diésel. Una marcha indígena que ha partido de distintos puntos de Ecuador ha confluido este martes en Quito con la intención de protagonizar el miércoles una gran protesta que termine de persuadir al Gobierno.