MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos de El Salvador han pedido al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que active la Carta Democrática contra el país, lo cual podría llevar a la suspensión como Estado miembro de la OEA, por los "riesgos a la democracia" que supone la gestión que el Gobierno de Nayib Bukele ha hecho de la crisis del coronavirus.
"Le solicitamos que active los mecanismos y procedimientos necesarios que están previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los diversos instrumentos del Sistema Interamericano para respetar y garantizar los Derechos Humanos de la población salvadoreña", han dicho los firmantes, casi una treintena de organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Jurídicos y Acción Ciudadana.
Han expresado su "creciente preocupación" por "la situación de inobservancia a las garantías a los Derechos Humanos y los riesgos al Estado de Derecho y a la democracia en El Salvador debido al incremento de las medidas y acciones autoritarias llevadas adelante por el Gobierno" en la lucha contra el coronavirus.
La organización se han mostrado conscientes del "riesgo que la pandemia representa para los habitantes del plante y de El Salvador" y han asegurado que por eso apoyaron inicialmente "algunas acciones y medidas extraordinarias", pero han alertado que a medida que se endurecen "están lesionando el funcionamiento de la democracia".
"Tras años de prácticas antidemocráticas, inequidad y represión, ejercidas desde el Gobierno y que desataron un conflicto interno y violaciones masivas de los Derechos Humanos, El Salvador lentamente se ha recuperado y, por eso mismo, la pandemia no debe justificar una manipulación que implique un grave retroceso", han esgrimido.
En concreto, ha mencionado "algunos hechos que muestran que las medidas implementadas en El Salvador, que se agravan a un ritmo tan acelerado que algunos de sus efectos para los Derechos Humanos y la democracia, ya serán irreparables".
En primer lugar, han denunciado una "evidente falta de respeto a la división de poderes", por la negativa de Bukele a acatar los fallos del Constitucional y "la constante y presión y los ataques" al Congreso, ya que tanto el Judicial como el Legislativo han intentado modular las acciones del Gobierno contra la pandemia.
También han denunciado "las violaciones a los derechos civiles derivadas de la utilización excesiva de la fuerza y de las detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad", consecuencia de la "carta blanca" que el Gobierno habría dado a los uniformados en la lucha contra el coronavirus.
A este respecto, han alertado sobre el hecho de que "la amenaza o el uso efectivo de la fuerza letal han sustituido a las prácticas que toda sociedad democrática observa", subrayando que "la militarización del país, característica central de la época previa a la firma de la paz, es un elemento otra vez central e innegable en estos momentos".
Con todo ello, "parecer ser que el actual Gobierno está aplicando la misma formula represiva de antes y después de la firma de la paz, basada en el antiguo el concepto 'contrainsurgente' de que cualquier opositor o disidente es visto como un 'enemigo interno' que merece ser acallado, incluso ahora, durante la pandemia", han lamentado.
Human Rights Watch (HRW) ya pidió activar la Carta Democrática contra El Salvador por la deriva de su presidente. "Si Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana", dijo el jefe de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en Twitter.