CIUDAD DE GUATEMALA, 31 Jul. (Notimérica) -
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha rechazado la solicitud de antejuicio contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, por abuso de autoridad, después de que los fiscales a su cargo realizaran allanamientos en las oficinas del Congreso de la República el pasado 3 de julio.
La medida fue solicitada el 8 del presente mes, por diputados del partido político Libertad Democrática Renovada, y ahora, la CSJ la ha rechazado por unanimidad.
Según los magistrados, el ente investigador contaba con orden de allanamiento del juez competente para realizar las diligencias, explicó el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Rafael Rojas Zetina.
"Por unanimidad se decidió rechazar liminalmente estas acciones de antejuicio promovida, toda vez que somos de criterio que de conformidad con artículo 251 de la Constitución de la Política de la República, le compete con exclusividad al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el conocimiento de toda denuncia y ejecución de la investigación", señala la declaración de la Corte.
La resolución también destaca que la Fiscal puede delegar a quien considere pertinente el ejercicio de estas funciones, bien sean agentes fiscales o auxiliares fiscales.
Respecto de la petición de antejuicio, Thelma Esperanza Aldana Hernández dijo que cumplir con su deber "no es abuso de autoridad" y remarcó que el Congreso de la República "es una institución pública y de acuerdo con la ley, podemos incluso sin autorización judicial hacer los operativos que interesen a una investigación".
Sin embargo --añadió-- se hizo la solicitud al órgano jurisdiccional competente y fueron dos allanamientos los realizados con orden judicial.
Tras conocer la decisión de la Corte Suprema, este viernes, organizaciones que integran el Foro Guatemala mostrarán su apoyo público a la Fiscal General por el trabajo que ha desarrollado en contra de la impunidad.
ALLANAMIENTOS
El pasado 3 de julio, las oficinas de recursos humanos del Congreso fueron allanadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, en el marco de la causa que se sigue contra el diputado Pedro Muadi, acusado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
El objetivo del allanamiento fue asegurar todos los contratos administrativos del Legislativo, en caso de que se requiera dicha información.
Los operativos, llevados a cabo una semana después de que varios empleados del Congreso fueran detenidos por otorgar plazas fantasma en el Legislativo, fueron autorizados por el Juzgado Undécimo de Instancia Penal del Organismo Judicial (OJ).