6 de agosto de 2009

Corte Suprema Paraguay confirma condena a acusados tras incendio

ASUNCION (Reuters/EP) - La Corte Suprema de Justicia de Paraguay confirmó el miércoles la sentencia que condenó a los principales acusados tras el incendio en un supermercado de Asunción en el que murieron más de 300 personas hace cinco años.

El fallo fue festejado por sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia, la mayor que vivió el país en tiempos de paz, quienes exigían severas penas para los acusados luego de un fallo de segunda instancia que los dejó en libertad.

El máximo órgano judicial del país confirmó las condenas de 12 años para el propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, de 10 años para su hijo Víctor Daniel Paiva, de cinco años para el guardia de seguridad Daniel Areco y de 2 años y seis meses para el accionista Humberto Casaccia, dijo una fuente judicial.

El incendio se inició en la chimenea del patio de comidas del local que albergaba a cerca de 1.000 personas un mediodía de domingo. Los jueces de primera instancia determinaron que el local no contaba con los elementos de seguridad mínimos y que los propietarios expusieron a las personas al peligro.

La decisión del miércoles, que es inapelable, fue celebrada por las víctimas que en principio reclamaban la pena máxima prevista en las leyes de 25 años, porque revirtió el fallo de segunda instancia que declaró nulo el juicio y dejó sin efecto las condenas.

El abogado defensor de Juan Pío Paiva dijo al canal local Telefuturo que presentará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la sentencia es ilegal.

Los vaivenes del juicio pusieron en evidencia el frágil sistema judicial paraguayo.

La sala penal de la Corte Suprema compuesta por tres de los nueve integrantes del organismo dio a conocer el fallo días después de una polémica carta del presidente, Fernando Lugo, en la que los exhortaba a tomar una decisión sobre el caso para evitar la extinción de la causa.

La nota fue criticada por parlamentarios de la oposición, quienes la calificaron como una intromisión directa que violaba la independencia del Poder Judicial.