SAN JOSÉ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una asesora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes recomendó aprobar concesiones ilegales para distribuir combustible en el aeropuerto de Pavas durante los últimos cuatro años. Por este motivo la Fiscalía de Costa Rica ha abierto una investigación por posible delito de falsedad ideológica en el nombramiento de dicha asesora. El poder judicial del país centroamericano continúa así con su línea de cero impunidad ante cualquier tipo e indicio de corrupción.
La investigada es Mildred Bogantes Pereira, actualmente asesora de Ministra. Ella alega que sufre una persecución en Aviación Civil.
El Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) acordó, por su parte abrir un expediente disciplinario a su anterior jefa de asesoría legal, según publica hoy el diario costarricense La Nación. Según esta investigación Mildred Bogantes Pereira habría recomendado aprobar un certificado ilegal de explotación.
Según este diario dicha concesión habría hecho posible que la empresa Dicoa S. A. distribuyera combustible en el aeropuerto de Pavas desde el año 2002.
CERTIFICADO VS LICITACIÓN
En junio del 2002, Mildred Bogantes recomendó al director de Aviación Civil que el CTAC otorgase un certificado de explotación para que, sin pasar por licitación pública, la empresa Dicoa S. A. vendiera combustible para aviones en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños.
Esto a pesar que, desde julio de 1999, la Sala Constitucional había señalado que el almacenamiento y distribución de combustible no constituye actividad aérea. Asímismo esta Sala dictó que la construcción y operación de los planteles de combustible en los aeropuertos debían otorgarse siempre a través de licitación pública.
En la auditoría interna aprobada el 13 de septiembre el CTAC señala que Bogantes recomendó también asignar a la empresa Dicoa un hangar situado a la entrada de aquel aeródromo.
Además esta recomendación era contraria a la opinión de los técnicos de la administración y los coordinadores de infraestructura y servicios aeronáuticos del Tobías Bolaños que consideraban que almacenar combustible en dicho hangar representaba un alto riesgo para la seguridad del aeropuerto.
Bogantes, quien desde junio de este año ejerce como asesora de la ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, se defiende afirmando que además de su recomendación también existían criterios técnicos que coincidían con ella y que en estos momentos está sufriendo una persecución por parte de Aviación Civil.
CONTINUIDAD
Bogantes es ahora asesora de la ministra de Transportes para las contrataciones del MOPT. La abogada asegura que sus decisiones siempre se han basado en criterios jurídicos y nunca han tratado de favorecer o perjudicar a nadie, según publica el diario La Nación.
"Que yo haya tenido un criterio jurídico distinto al de la Procuraduría no quiere decir que actuara de manera ilegal o arbitraria", aseguró Bogantes.
La abogada dijo que su recomendación se basó en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) y en los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que considera el suministro de combustible aeronáutico es una actividad aérea.
Sin embargo, en una consulta posterior, la CGR aclaró que el informe citado por Bogantes como fundamento de su recomendación no tenía por objeto valorar los requisitos necesarios para otorgar un certificado de explotación para la venta de combustible en los aeropuertos, "conclusión a la que puede arribarse sin ambages, a partir de una lectura integral y contextualizada del informe".
El fundador de Dicoa, Gustavo Madrigal Castro, y el actual propietario de esa firma, Álvaro Jiménez, se defienden afirmando que la compañía no cometió ningún acto irregular para obtener el certificado de explotación.
"La empresa se apegó a cumplir la lista de requisitos que le exigió Aviación Civil y, lejos de hacernos algún favor, más bien los trámites demoraron un año y medio", aseguró Madrigal Castro.
ANTECEDENTES
El proceso disciplinario ordenado ahora por el CTAC es el cuarto que enfrenta la funcionaria desde el 2001.
Anteriormente fue cuestionada por lograr su nombramiento como jefa de la Asesoría Legal de Aviación Civil sin tener la antigüedad requerida para el cargo.
Según confirmó a La Nación el jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, desde abril de este año la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción investiga si, en relación con el caso de su nombramiento la funcionaria incurrió en el delito de falsedad ideológica.
La asesora de la ministra González tiene, además, pendiente de resolución un órgano director por las demoras de la Asesoría Legal en tramitar las gestiones de las líneas aéreas.
Según se cita en un informe de la auditoría, el CTAC estableció en 1998 que la administración no puede tardar más de seis meses para conceder o ampliar un certificado de explotación.
En varios de los casos cuestionados los trámites se tardaron en la Asesoría Legal más de un año.
Por ejemplo, se cita una solicitud de ampliación de servicio de la empresa American Airlines para volar en la ruta Nueva York-San José. Ese trámite se alargó en la Asesoría Legal un año y dos meses.
Otro caso estudiado fue una solicitud de la empresa Continental Airlines, que pidió volar en la ruta Houston-Liberia. Su trámite se demoró un año en la Asesoría Legal.
Las dudas sobre la integridad de la funcionaria se deben también a que recomendó la aprobación de un certificado de explotación a una compañía aérea que no tenía capacidad financiera para dar el servicio.
La empresa Aerocaribe S. A., autorizada para dar servicio de taxi aéreo local, solicitó en septiembre del 2002 una ampliación de su certificado para iniciar un negocio de transporte de carga internacional.
En octubre del 2002, la Dirección de Transporte Aéreo previno a la firma que debía actualizar la información de sus estados financieros.
En enero del 2003, Transporte Aéreo comunicó a la Asesoría Legal que la firma aún no había actualizado sus estados financieros.
Sin embargo, una revisión posterior de otra abogada de la Asesoría Legal reveló que Bogantes suscribió un oficio en el que aseguró que "la compañía satisface plenamente el requisito establecido en nuestra legislación vigente sobre la capacidad financiera".
Ese informe, firmado por la abogada Damaris Murillo, se envió al entonces director de Aviación Civil, Rodolfo Cruz, e indica que, para dar esa recomendación, Bogantes se basó en unos antiguos estados financieros que la empresa Aerocaribe había presentado en el 2000.
Por esa razón, en enero de este año el departamento de Transporte Aéreo solicitó la cancelación del certificado de explotación que se había dado a Aerocaribe para transportar carga internacional.