2 de febrero de 2007

Costa Rica.-La Fiscalía presenta la primera acusación del caso de corrupción Alcatel en el que se implica a expresidente

SAN JOSE, 2 Feb. (EP/AP) -

Tras varios años de investigaciones, la Fiscalía presentó el jueves la primera acusación en el caso de supuestas donativos entregados por la firma Alcatel a ex directivos de la empresa estatal de telecomunicaciones Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos presentó la denuncia ante el Juzgado Penal de Hacienda, confirmó el portavoz del Poder Judicial, Fabián Barrantes.

El acusado es Hernán Bravo Trejos por el supuesto delito de corrupción agravada, pues al parecer el ex directivo aceptó de Alcatel 1.046.280 dólares (803.410 euros) a cambio de apoyar una compra a la compañía de 400.000 líneas de teléfonos móviles en agosto de 2001.

Versiones del periódico 'Al Día' y la cadena de radio 'Monumental' señalaron que la acusación fue facilitada porque Bravo negoció con la fiscalía un juicio abreviado, con el compromiso de testificar y además de devolver una cantidad no superior al millón de dólares.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso 'Al Día', en el 2001 el gerente local de Alcatel, Edgar Valverde, junto al director de la empresa para Centroamérica, Christian Sapzician, decidieron ofrecer dádivas a los directivos del ICE.

Los pagos se realizaron a través de la sociedad Intelmar, dirigida por Leonel Barrios, bajo la figura de aparentes consultorías, agregaron las versiones.

Barrios recibió entre noviembre del 2002 a junio del 2004 unos 3,1 millones de dólares (2,4 millones de euros) para ser distribuidos y de esa suma salieron varios pagos a Bravo, quien además dio una parte (259.198 dólares -200.000 euros-) a Alfonso Guardia, quien ayudó en la adquisición de sociedades anónimas en Panamá para recibir el dinero, según esos reportes.

La nota del diario indicó que entre los diez testigos que citará la fiscalía, destaca el ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), quien se referirá a la amistad entre Bravo y Guardia, así como el también ex directivo del ICE, José Antonio Lobo, otro de los involucrados en el caso.

En medio de la investigación, Lobo dijo que aceptó 2,5 millones de dólares (1,9 millones de euros) de Alcatel y aseguró que el entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) exigió un 60%.

El abogado de Rodríguez, Eduardo Araya, apuntó este jueves que esperan que "en cualquier momento" se presente una acusación en contra del ex gobernante y ex secretario de la OEA.

Rodríguez insistió en su inocencia basado sobre todo en el hecho de que la fiscalía aún no presenta una acusación en su contra, lo que considera está obstaculizando que tenga un juicio justo.