MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El general de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Óscar Rodríguez Ulloa, denunció ayer ante el Ministerio Público a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, organización que reúne a los ocho obispos de la Iglesia Católica, por el delito de intermediación financiera ilegal, según informó el diario 'La Nación'.
El jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, dijo que la denuncia la recibió ayer la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios.
Tras inspeccionar durante varias semanas las actividades financieras de la Conferencia Episcopal, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), encargada de supervisar el sistema financiero, elaboró un informe de 292 páginas.
En dicho informe, la Sugef concluye que tiene indicios fundados para afirmar "la existencia de una operación de intermediación financiera ilegal, considerada como delito tipificado en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica".
Allí se indica que serán sancionados con prisión de tres a seis años, quienes realicen intermediación financiera sin estar autorizados o quienes permitan que en sus oficinas se realicen tales actividades.
Este delito tiene lugar cuando personas u organizaciones sin permiso ni control de las autoridades financieras del país se dedican a captar dinero del público de manera habitual con el fin de destinarlo a cualquier forma de crédito o inversión en valores.
"SIN CONSENTIMIENTO"
Los obispos dicen que las operaciones detectadas por la Sugef se hicieron sin su conocimiento y que no hay terceros que hayan sido afectados por estas maniobras.
El comunicado también dice que por respeto a las autoridades judiciales, los obispos no se pronunciarán sobre este tema.
El pasado 11 de abril, una investigación del diario 'La Nación' reveló que, con posterioridad, a esa orden de la Sugef, en las cuentas bancarias de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal se continuó recibiendo dinero de inversionistas costarricenses y extranjeros para realizar operaciones de préstamo y para invertirlo a través del Grupo Empresarial Sama S. A.
La investigación periodística reveló, además, que en las cuentas de la Conferencia Episcopal se captó dinero de Giovanni Bondaz, un político italiano cuestionado por las autoridades judiciales de ese país.