3 de febrero de 2006

C.Rica.- Cerca de 11.000 policías velarán este domingo por la seguridad de la jornada electoral en Costa Rica

SAN JOSE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 11.000 policías serán desplegados en Costa Rica este domingo para mantener la seguridad de las elecciones presidenciales y legislativas que se desarrollarán en el país, según informó hoy el director de la Fuerza Pública, comisario Walter Navarro Romero.

Los efectivos deberán impedir actos violentos causados por diferencias políticas y resguardar la documentación electoral, entre otras tareas, precisó Navarro Romero, según informó la agencia de noticias Prensa Latina.

También se instalará un puesto de mando en el Ministerio de Seguridad Pública con la participación de más de 100 autoridades de los distintos cuerpos de socorro, agregó.

Según Navarro, en ese punto estratégico se contará con equipos de alta tecnología, conexiones directas con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), internet, videoteléfonos, proyectores multimedia y sistemas de rastreo a través de mapas.

Las unidades pertenecientes al Servicio de Vigilancia Aérea estarán alertas en el Aeropuerto Juan Santamaría, unos 19 kilómetros al norte de esta capital. Al mismo tiempo, permanecerán alistadas las embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas en las estaciones situadas en el Caribe y el Pacífico.

Navarro señaló además que, tanto el órgano policial como el electoral, vigilarán que todos los expendios de licor permanezcan cerrados a partir de mañana sábado y hasta el lunes, 6 de febrero, para lo cual se colocarán sellos con la disposición.

Las autoridades cerrarán los bares y las licoreras la madrugada del sábado, mientras restaurantes y supermercados sólo podrán almacenar el licor pues los sellos serán colocados en los estantes o cámaras enfriadoras.

El Código Electoral de Costa Rica establece que la venta de licor estará prohibida un día antes, durante y el posterior a las elecciones, con una sanción de tres meses a dos años de cárcel para quienes violen los sellos puestos por las autoridades. Esa pena podría elevarse a tres años en caso de que el violador de la legislación fuese un funcionario, que cometiera abuso de su cargo.