MANAGUA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha mostrado satisfecho con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la disputa territorial con Costa Rica por las inmediaciones del delta del San Juan. La CIJ permite continuar con las actividades de dragado que Nicaragua venía realizando en el río.
"Estamos satisfechos con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia y la acatamos", señaló el mandatario nicaragüense. Ortega indicó el martes que la mejor forma de resolver el conflicto es llegar a un acuerdo con Costa Rica que permita avanzar en las relaciones bilaterales.
"No tenemos que esperar años ni gastar un montón de dinero, esto permitiría normalizar, fortalecer y desarrollar nuestras relaciones en beneficio de ambos países y de nuestros países fronterizos", prosiguió.
En este sentido reveló que se han iniciado contactos con México y Guatemala --países mediadores-- para organizar una reunión entre San José y Managua. En cuanto llegue el representante nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, Ortega comenzará a detallar su estrategia en el litigio, según declaraciones recogidas por TeleSur.
Horas antes la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, había considerado una "contundente victoria" la resolución, pues ordena a los dos países no desplegar tropas en el entorno del río. No obstante, la CIJ no ha atendido finalmente la petición costarricense de prohibir el dragado del San Juan.
"También hoy deben celebrar nuestros hermanos nicaragüenses porque la resolución de la Corte es justa", agregó. Ortega, por su parte, defiende la necesidad de que "no se diga quién ganó, ni quién perdió".
La Corte determinó en 2009 que Nicaragua era soberano sobre el río San Juan y por tanto podía regular la navegación por el mismo, aunque a su vez concedió a Costa Rica el derecho a navegar con fines comerciales.
El litigio se reavivó el pasado mes de noviembre, cuando tropas nicaragüenses ocuparon la isla de Calero para supervisar el dragado del San Juan. Costa Rica consideró una violación de su soberanía el despliegue militar y una amenaza medioambiental las operaciones sobre el río.