El Gobierno cuestiona la actuación del TC en el caso LAB y también otras resoluciones del pasado
LA PAZ, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La crisis de la Lloyd Aereo Boliviano (LAB), la aerolínea bandera de Bolivia, ha generado esta semana una 'guerra abierta' de acusaciones entre el Gobierno de Evo Morales, que cuestionó recientemente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la intervención en la empresa, y el Poder Judicial del país andino, que rechazó las denuncias de Morales y consideró sus palabras como una "injerencia directa y violación" a la constitucionalidad de la independencia de poderes en Bolivia.
Todo comenzó el pasado lunes, cuando Morales insinuó que el presidente ejecutivo del LAB, Ernesto Asbún, sobornó al Tribunal Constitucional para que admitiera un recurso contra la intervención en la aerolínea ordenada por el Gobierno.
Ayer miércoles, en un pronunciamiento firmado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura de Bolivia, Héctor Sandóval, los representantes de la Justicia boliviana rechazaron las denuncias de Morales, a las que consideraron una afrenta a la actuación de otro poder del Estado al que, según el texto, las palabras del presidente dañaron "imagen, honor y dignidad".
A su juicio, las aseveraciones de Morales constituyen una forma de amedrentamiento "con la que pretende imponer una voluntad omnímoda (absoluta), injerencia directa y violación a la constitucionalidad de la independencia de los poderes y la autonomía del Poder Judicial, poniendo en riesgo inminente el equilibrio que debe existir entre los tres poderes", reza el texto, recogido por el diario 'El Deber'.
Asimismo, el documento señala el pleno respaldo a la actividad del Tribunal Constitucional y exige pruebas que acrediten las denuncias de Morales o, en caso contrario, que se retracte de las mismas.
También ayer, en declaraciones a la agencia gubernamental ABI, el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, ratificó las observaciones contra el TC realizadas el lunes por Morales y aseguró que estas denuncias no sólo se hacen respecto a su actuación en el caso LAB, sino también por resoluciones cuestionadas del pasado.
Arce recordó una serie de observaciones a los magistrados en fallos que declaraban, por ejemplo, la constitucionalidad de la Ley de Capitalización y el rechazo a la ampliación del juicio de responsabilidades por el caso de los sucesos violentos ocurridos entre febrero y octubre de 2003 en Bolivia.
Una de estas observaciones estuvo dirigida a la decisión que motivó el cese de la intervención del LAB. "Nosotros creemos que el Tribunal Constitucional debió haber hecho un análisis más amplio en relación a este punto concreto", acotó el viceministro.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional de Bolivia admitió el recurso contra la intervención del LAB. Esta decisión cesó la intervención del Gobierno, que se inició el 10 de febrero como consecuencia de un paro de pilotos y trabajadores de la aerolínea, además de una serie de denuncias de irregularidades económicas.
DESCARTADA LA NACIONALIZACION
Los huelguistas rechazaron las consecuencias del fallo e intensificaron sus medidas de presión, que amenazan con agravar la crisis de la aerolínea por la suspensión de vuelos internacionales y millonarias deudas que asfixian a la línea bandera nacional.
"El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad, en un estado de derecho, de saber valorar y parangonar el derecho positivo con el derecho justo", sostuvo el Gobierno en un pronunciamiento, donde también recordó que los magistrados son conscientes de las implicancias políticas de sus actos.
Arce dijo que los miembros del Tribunal tienen toda la libertad de recurrir, como lo anunciaron, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias que hizo el presidente Morales, ya que existen "serias observaciones" a su actuación en diversos casos.
"El Gobierno tiene bien definida una línea y de cara a la opinión pública demuestra que por una acción de los ejecutivos del LAB, el Tribunal Constitucional ha dejado al Gobierno sin competencias en la solución a la crisis de la línea bandera del país", insistió.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, reiteró que el Gobierno boliviano ha descartado la nacionalización del LAB por considerar que esta sería una medida negativa para el Estado, que favorecería a los malos empresarios. Sin embargo, los pilotos la avalan.
MEDIDAS LEGALES CONTRA ASBUN
Ayer en La Paz, el juez penal Constancio Alcón prohibió salir del país, a través de una orden de arraigo, al presidente del LAB, Ernesto Asbún, procesado por una denuncia de conducta antieconómica, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y daños contra el Estado, presentada por el Ministerio de la Presidencia.
El juez ordenó también a Asbún, actual propietario del 50% del LAB, no cambiar de domicilio y presentarse cada primer día hábil de mes ante la Fiscalía. El directivo de la aerolínea boliviana deberá pagar 40.000 bolivianos (unos 4.000 euros) de fianza para obtener la libertad provisional.
Según informaciones de la agencia ANF recogidas por Europa Press, la fiscal Carmiña Llorenti, encargada de investigar el caso, apelará el dictamen del juez por considerar que "no valoró todas las pruebas presentadas" para requerir que se garantice la continuidad del proceso con la detención preventiva de Asbún.
LA POSTURA DE LOS PILOTOS
Por su parte Sergio Rollano y Richard Vaca, representantes de los pilotos, criticaron el fallo judicial y advirtieron de que, si Asbún no abandona el cargo y no cede la venta de sus acciones, radicalizarán las medidas de presión en todo el país.
Mientras tanto el dirigente del LAB, Mario Gamarra, informó ayer de que cinco pilotos renunciaron a seguir perteneciendo a la empresa debido a que aceptaron ofertas mejores recibidas por parte de otras empresas aéreas internacionales. A ellos, según Gamarra, se agregarían en las próximas horas otros profesionales y técnicos que también presentaron sus solicitudes de trabajo a otras compañías.
Entre tanto, los trabajadores esperan que el Gobierno acepte su propuesta de adquirir las acciones, sobre la base de los aportes del sector que tiene en las Administradoras de Fondos de Pensiones y de transferirlas posteriormente al Estado para que esta empresa "continúe en manos de los bolivianos".