Actualizado 14/08/2006 20:24

Crónica Bolivia.- La Paz niega que la nacionalización esté suspendida y recuerda que el plazo vence el 1 de noviembre

Repsol YPF asegura que de momento no se ha fijado el nuevo encuentro con el Ministerio de Hidrocarburos para continuar las negociaciones


LA PAZ, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia niega que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos esté suspendido o paralizado aunque reconoce que no cuenta con los recursos económicos necesarios para que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pueda hacerse con el control efectivo de la producción y comercialización del gas.

Así lo afirman fuentes del Ministerio de Hidrocarburos consultadas hoy por Europa Press después de que en los últimos días se dejara entrever en varios medios de comunicación del país que el proceso de nacionalización decretado por el Gobierno de Evo Morales el 1 de mayo está suspendido o paralizado.

"Me parece que se han magnificado las últimas noticias. Lo cierto es que la nacionalización de nuestros recursos no está ni suspendida ni paralizada", subrayan las citadas fuentes, que recuerdan que el Gobierno dio 180 de plazo para concluir el proceso, que vence el 1 de noviembre. "Para entonces seguro que habrá novedades", añaden.

De momento, en el Gobierno de la Paz esperan que llegue "lo antes posible" la autorización del crédito de 180 millones de dólares (algo más de 140 millones de euros) solicitado al Banco Central ya que permitiría a la petrolera estatal su "plena participación" en toda la cadena productiva, tal como establece el decreto de nacionalización.

NEGOCIACIONES

Por otro lado, las citadas fuentes precisan que a partir de este miércoles se retomarán las negociaciones con las empresas petroleras extranjeras presentes en el país andino --Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf, British Gas y British Petroleum-- para llegar a un acuerdo sobre la migración de los contratos.

Sin embargo, fuentes de Andina --la filial boliviana de la hispano argentina Repsol YPF-- consultadas por Europa Press aseguran desde Santa Cruz que de momento no tienen constancia de que las autoridades hayan solicitado reiniciar los contactos con la empresa que preside Antonio Brufau para seguir adelante con las negociaciones.

Mientras tanto, siguen su curso las auditorías iniciadas por el Gobierno de Morales a las petroleras aunque de momento no hay ningún resultado concreto. "Las investigaciones de sus cuentas, beneficios y sus reservas no han concluido (...) por eso no tenemos resultados todavía", añaden desde el Ministerio de Hidrocarburos.

Lo que parece estar claro es que algo no marcha bien porque en las próximas horas comenzarán oficialmente en Sucre las sesiones de la nueva Asamblea Constituyente, donde la nacionalización será tema prioritario objeto de un "análisis, evaluación e incluso reformas", según varios asambleístas representantes de la oposición.

DEJAR LOS HIDROCARBUROS EN MANOS DE CHAVEZ

De hecho hay quienes aseguran que la nacionalización anunciada por el presidente Evo Morales en mayo pasado no es para que Bolivia pueda recuperar la propiedad de sus recursos naturales sino un proceso para "cambiar de socio extranjero y de multinacional" y pasarlo a manos de Petróleos de Venezuela, controlada por el Gobierno de Hugo Chávez.

"La nacionalización de Evo no es más que una parodia que sirvió sólo para el eslogan político, pero nada más. No existe una verdadera nacionalización y debemos poner al descubierto está situación, pero además, proponer soluciones de fondo a un tema que hasta ahora parece que ha dejado más perjuicios que beneficios", indican.

Desde el partido UN consideran que nadie discute que los recursos naturales como el gas y el petróleo son de propiedad "inalienable e imprescriptible" del Estado, pero lo que falta saber con precisión es cómo aprovechar de la mejor manera los recursos. "Por eso la Asamblea deberá tomar una decisión al respecto", añaden.

Por último, representantes del partido opositor Podemos insisten en que se abra el debate de la nacionalización en la Asamblea para orientar el proceso "por senderos de racionalidad y de convicción", y sobre todo para saber qué beneficios concretos conllevará para el pueblo boliviano.