El Ejecutivo reconoce el error de no haber liderado las reivindicaciones autonomistas
LA PAZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Mañana se cumple el primer aniversario de la toma de posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia, un año convulso políticamente con cambios como la nueva postura en sectores como el agrícola, el de los hidrocarburos o las nuevas alianzas internacionales y marcado por las tensiones entre el partido del Gobierno y los prefectos regionales. La enésima crisis autonomista con enfrentamientos entre partidarios de Morales y de los partidos de la oposición se ha saldado con ocho muertos en Cochabamba, una de las regiones que apuestan por la autonomía.
En su discurso de investidura, Morales declaró la guerra a la corrupción y prometió una administración de austeridad en el marco de una "revolución democrática" para una nación sin exclusiones. Un año después, la oposición critica al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales por la ausencia de consensos y denuncia la ingerencia de la Venezuela de Hugo Chávez.
Sin embargo, las criticadas medidas calificadas de "populistas" por la oposición han tenido una gran acogida, sobre todo entre las clases populares. Hasta fines del año pasado 50.000 bolivianos habían sido intervenidos quirúrgicamente de la vista mediante el programa Misión Milagro, auspiciado por el Gobierno cubano. Además, en marzo del año pasado, se comenzó a aplicar un plan de alfabetización que pretende erradicar el analfabetismo en Bolivia en 30 meses.
El 1 de mayo Morales firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que obligó a las multinacionales presentes en el país a renegociar sus contratos de explotación. El decreto obligaba a las empresas que operan en el país, entre las que se encuentra la hispano-argentina Repsol YPF, a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda su producción. La petrolera estatal comercializará esos recursos en el país y tendrá a su cargo los convenios de exportación.
¿CRISIS DE GOBIERNO?
Durante la última semana las tensiones internas han provocado ya la dimisión del ministro de Obras Públicas, Salvador Ric, quien justificó su decisión por su malestar debido a que no le permitieron "tender puentes" con Santa Cruz y no le dejaron trabajar con independencia. Sin embargo, el presidente aceptó su dimisión "por motivos personales".
La dimisión de Ric parecía el preludio de una crisis de Gobierno, y la prensa nacional especulaba con la renuncia de las ministras de Justicia y Gobierno, Casimira Rodríguez y Alicia Muñoz, respectivamente, y de los titulares de Defensa, Walker San Miguel; de Educación, Félix Patzi; y de Salud, Nila Heredia.
Sin embargo, desde el círculo más cercano a Morales se desmintió ayer mismo la posibilidad de una renuncia colectiva. El portavoz gubernamental, Alex Contreras, en breve contacto con los periodistas descartó una eventual crisis de gabinete y sostuvo que el anuncio realizado por el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, sobre una renuncia colectiva no es cierto. "Todos los ministros gozan de mi confianza porque se ha hecho un trabajo muy satisfactorio para Bolivia", aseguró ayer Morales tras de mantener una prolongada reunión con dirigentes y parlamentarios del MAS.
CRISIS EN COCHABAMBA
La tarde del 11 enero los ciudadanos de la capital del valle de Cochabamba vivieron un crudo enfrentamiento entre los habitantes más pobres de la ciudad y los más ricos, unos exigían la dimisión del prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa y otros le defendían. Unos utilizaban palos y piedras, otros armas de fuego.
Todo comenzó porque Reyes mostró su intención de convocar un nuevo referéndum autonomista, en contra de la voluntad del MAS y otros sectores sociales. El resultado fueron dos muertos y más de doscientos heridos. Reyes regresó recientemente a Cochabamba y admitió la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio, pero tendrá que establecerse en una nueva sede, ya que la gobernación fue quemada durante los disturbios.
GARCÍA ADMITE ERRORES POLÍTICOS
El vicepresidente boliviano, Alvaro García, afirmó hoy en una entrevista concedida al diario 'El Deber' que el Gobierno de Evo Morales ha cometido el error de no liderar las reivindicaciones autonomistas. También destacó los logros económicos, como un mayor control estatal del PIB, o reformas políticas como la constitución de un "Estado social controlador de riqueza que de la estocada definitiva al neoliberalismo".
Según García, "un error político nuestro que hay que asumir con hidalguía fue no haber encabezado la bandera de las autonomías". El MAS debería haber liderado la reivindicación de unas "autonomías solidarias, en el marco de la unidad, del equilibrio, del conocimiento de las regiones y de los pueblos indígenas". Sin embargo, el mandatario aseguró que aún no es tarde para apostar por esta descentralización, ya que "las autonomías se harán". "Habrá tres niveles de régimen autonómico: el departamental, el municipal y el indígena-regional", explicó.
Como ámbitos exclusivamente estatales, García citó "impuestos, Policía, recursos naturales, tierra y energía". "Estos pilares nunca pueden ser discutidos", pero mostró su disposición a apoyar los resultados del referéndum autonómico e insistió en que el MAS elaboraría una propuesta "racional, flexible e integradora".
García define el mandato del MAS como "un período de grandes cambios estructurales del país, cuyos resultados hay que esperar más tiempo para que se sientan con más fuerza" y es que el vicepresidente admite que el Gobierno "ha tenido un buen desempeño económico y un regular desempeño político".
En el ámbito económico, García subrayó que "ha cambiado la matriz productiva del país". "En 2005 recibimos un país en que el Estado participaba o controlaba entre el 7% y 8% del PIB. Hoy, en este día, en este mes, el Estado está controlando un 18% ó 19% del PIB. Nuestro objetivo es que en 2007 el Estado controle el 25% del PIB", explicó. Este cambio se ha debido fundamentalmente a los cambios implementados en el sector de los hidrocarburos.
El segundo cambio importante es el "proceso de multiculturación del Estado, pero no sólo desde el punto de vista declarativo, sino práctico, metidos desde la presidencia hasta el chofer".
Por último, García mencionó la constitución de "un Estado social, que define políticas en base a consultas, a deliberación". "Éste es el primer gobierno que tiene la capacidad de ir construyendo en la informalidad una especie de consejos económicos sociales con los diferentes sectores organizados: empresariales, campesinos, indígenas. Esperemos que esto se institucionalice", declaró.