La organización lamenta que el "respaldo" español a la posición de Uribe tiene una "influencia enorme" en la postura de la UE
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe está "distorsionando" y dando una "versión muy optimista" sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, "a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de Derechos Humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad". Asimismo, acusó a los grupos guerrilleros de "seguir amenazando, matando, tomando rehenes y colocando minas terrestres", al tiempo que lamentó la postura del Gobierno español, "globalmente de respaldo a la posición de Uribe" y que está teniendo "una influencia enorme" en la UE.
"En los últimos 20 años, más de 70.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en el conflicto armado de Colombia", afirmó el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa de presentación del informe '¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia'.
El informe es el resultado de una investigación sobre el terreno realizada entre 2006 y 2008 por varios delegados de Amnistía, que se entrevistaron con representantes de la sociedad colombiana, con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con altos representantes del Estado, incluidos el vicepresidente de la República, el defensor del Pueblo y el fiscal general de la nación.
El documento demuestra, según Beltrán, que en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles. De los casos en que se conoce a sus autores, los paramilitares fueron responsables de la muerte de al menos 300, las fuerzas de seguridad de unos 330 y los grupos guerrilleros de aproximadamente 260.
Aparte, prosiguió el director de AI-España, en los últimos 20 años entre tres millones y cuatro millones de colombianos se han visto obligados a abandonar sus hogares. "Debido a estas cifras, el índice de desplazamientos internos de Colombia es el segundo más alto del mundo, después del de Sudán", afirmó. En 2007 se registraron hasta 305.000 nuevos desplazados y en la primera mitad de 2008 cerca de 270.000, un 41 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
DESAPARICIONES, SECUESTROS Y TORTURAS
Asimismo, desde que comenzó el conflicto se han registrado entre 15.000 y 30.000 desaparecidos. Sólo en 2007 se produjeron al menos 190 casos, ya sea por acciones de las fuerzas de seguridad y los paramiliares o después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros. En la rueda de prensa, la activista colombiana Nancy Fiallo explicó que se han localizado hasta 4.000 fosas comunes en Colombia, de las cuales se ha empezado a excavar en 1.200. "De entre los restos humanos, sólo se ha identificado a 200 porque no hay medios económicos para ello", lamentó.
En cuanto a los secuestros, en los últimos diez años se han registrado más de 20.000 casos, aunque el número ha descendido, pasando del máximo de 2000 (3.570) hasta los 520 de 2007 y los 188 registrados entre enero y mayo de este año. En 2007, según el informe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cometieron unos 120 secuestros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue responsable de 27. 245 han sido atribuidos a "delincuentes comunes" y se desconocen los autores de 126.
En 2007, según AI, se denunciaron 80 casos de tortura, en 45 de los cuales la víctima falleció. Asimismo, según Beltrán, "Colombia es el país con más víctimas de minas terrestres antipersonas del mundo", con 884 casos en 2007, 193 de ellos con resultado de muerte. "Los grupos guerrilleros son los que más utilizan las minas terrestres", añadió. Aparte, "se calcula que en Colombia hay entre 8.000 y 13.000 niños soldados, reclutados tanto por los grupos guerrilleros como por los paramilitares", explicó.
En cuanto a los colectivos más afectados, el informe llama la atención sobre los 39 sindicalistas que fueron víctimas de homicidios o desapariciones en 2007, frente a los 77 del año anterior. "En los primeros ocho meses de 2008 ha habido por lo menos 40 homicidios de sindicalistas", advirtió Beltrán.
Otro colectivo especialmente afectado es el de los defensores de Derechos Humanos. Al respecto, Nancy Fiallo --residente en España y acogida a un programa de protección de AI-- considera prioritario que Uribe "diga públicamente que respalda" la labor de los defensores, ya que "diciendo que tenemos vínculos con las FARC nos pone en el punto de mira de los violentos".
PARAMILITARES Y GUERRILLAS
En el informe, Amnistía advierte de que, pese al proceso de desmovilización auspiciado por el Gobierno, los grupos paramilitares siguen activos en varias partes del país. En 2007, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación contabilizó entre 3.500 y 5.000 combatientes pertenecientes a "grupos disidentes, rearmados y emergentes" que operaban en 200 municipios de 22 departamentos del país.
Aparte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos indicó también que en 2007 volvieron a emerger 22 "estructuras" con alrededor de 3.000 combatientes, "cuyos líderes eran mandos paramilitares de rango medio y que se componían principalmente de paramilitares de base supuestamente desmovilizados", indica el informe.
Según los datos recogidos por el documento, sólo el diez por ciento de los más de 31.000 paramilitares que habían sido desmovilizados se acogió al proceso de Justicia y Paz "que les concede beneficios judiciales a cambio de confesiones sobre su participación en violaciones de Derechos Humanos".
Ello supone que "alrededor del 90 por ciento de los paramilitares desmovilizados se ha beneficiado de amnistías 'de facto' en virtud del Decreto 128, que concede indultos a los miembros de grupos armados ilegales que no estén siendo investigados por abusos contra los Derechos Humanos o que no hayan sido condenados por estos delitos", afirmó Beltrán.
El informe denuncia también que los dos grupos guerrilleros activos de Colombia, las FARC y el ELN, "han cometido un gran número de abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario".
El investigador del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional para Colombia, Marcelo Pollack, aseguró en la misma rueda de prensa que los grupos guerrilleros "siguen amenazando y matando, tomando rehenes, colocando minas terrestres y matando a niños y niñas" y puso como ejemplo el bombardeo perpetrado por las FARC contra un centro urbano que "causó muertos y heridos entre la población civil".
COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ESPAÑA
Esteban Beltrán instó a la comunidad internacional a presionar a Colombia para avanzar en materia de Derechos Humanos, y muy especialmente al Gobierno español, cuya labor es "muy importante" por su papel de intermediación entre Bogotá y la UE.
A su juicio, España debería presionar a Colombia para que cumpla las recomendaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un organismo en el que Madrid contribuye como donante pero "no vigila que se cumplan sus objetivos". Asimismo, el Gobierno español debe intentar que la UE no impida el examen de la situación de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del próximo mes de diciembre.
En todo caso, Beltrán lamentó que España siga vendiendo armas a Colombia (por valor de 16.000 millones de euros en 2007) y que todavía no se haya puesto en vigor el mecanismo bilateral de Derechos Humanos contenido en el acuerdo estratégico entre ambos países. "Globalmente, la postura de España es de respaldo a la posición del presidente Uribe, lo cual tiene una influencia enorme en la postura de la Unión Europea", concluyó.